Uribe no acepta acuerdo de justicia transicional entre Gobierno y Farc

El expresidente Álvaro Uribe presentó nueve objeciones acerca del acuerdo al que llegaron el Gobierno y las Farc sobre el punto de justicia transicional y aseguró que lo planteado entre las partes le ofrece impunidad y le entrega el país a esa guerrilla.

Uribe dijo que no habrá cárcel para los guerrilleros y tampoco una garantía de que no podrán volver a rearmarse.

"El Gobierno no ha exigido entrega del dinero del terrorismo para reparar a las víctimas y, en lugar de exigir la entrega de armas, el Gobierno ha aceptado la palabra dejación que equivale a que el terrorismo las mantenga y las use cuando quiera", manifestó el senador.

También afirmó que el acuerdo sobre justicia transicional iguala a las Fuerzas Armadas con el terrorismo.

"Las Fuerzas Armadas, como guardianes de la Nación y no actores de conflictos con terroristas, necesitan un tratamiento digno e independiente de los criminales. Con este acuerdo todos los soldados y policías de Colombia, incluidos en la teoría del contexto, quedan con el riesgo de tener que confesar crímenes que no cometieron, o de irse a la cárcel", añadió Uribe.

El líder del Centro Democrático afirmó también que posiblemente se evitará la extradición de los guerrilleros relacionados al tráfico de drogas.

"El acuerdo no excluye al narcotráfico como conexo del delito político. El acuerdo no es contundente para excluir al secuestro como conexo del delito político: El Gobierno, el Presidente de la Corte Suprema y el Fiscal General han aceptado por anticipado que el secuestro y el narco terrorismo queden impunes al considerarlos conexos al delito político", sostuvo.

Uribe también afirmó que el acuerdo demuestra que el Gobierno le abrió a las Farc todas las posibilidades de participación en política, sin excluir a los responsables de atrocidades.

Este es el comunicado:

Preocupaciones iniciales sobre el acuerdo entre Gobierno y FARC:

1. No Cárcel: El Gobierno ha aceptado que delincuentes responsables de atrocidades no vayan a la cárcel a condición de confesar sus responsabilidades criminales.

Para los cabecillas confesos se mencionan trabajos sociales, restricciones de libertades, pero NO CÁRCEL.

Que el guerrillero raso no sea llevado a la cárcel es aceptable, pero concederle esta indulgencia al cabecilla, responsable de atrocidades, es mal ejemplo promotor de nuevas violencias, es quitarle a la justicia restaurativa la compañía de la disuasión del criminal, con lo cual se priva a las víctimas de la mayor reparación: el derecho a LA NO REPETICIÓN DE LA VIOLENCIA.

2. Igualación de las Fuerzas Armadas con el terrorismo: El Gobierno ha aceptado aplicar idénticos mecanismos de justicia a terroristas y a las Fuerzas Armadas, que han sido respetuosas de la democracia y no sustentadoras de dictaduras como en otros países. Las Fuerzas Armadas, como guardianes de la Nación y no actores de conflictos con terroristas, necesitan un tratamiento digno e independiente de los criminales.

Con este acuerdo todos los soldados y policías de Colombia, incluidos en la teoría del contexto, quedan con el riesgo de tener que confesar crímenes que no cometieron o de irse a la cárcel.

3. Igualación de la sociedad civil con el terrorismo: El Gobierno ha aceptado igualar a la sociedad civil con el terrorismo, lo cual constituye grave afrenta a la comunidad colombiana, en este acuerdo convertida en victimaria, cuando durante 50 años ha sido víctima del secuestro y del asesinato narco terrorista.

Cualquier ciudadano queda expuesto al riesgo de tener que aceptar un delito que no cometió como condición para no ser condenado a la cárcel.

4. El acuerdo no excluye al narcotráfico como conexo del delito político. El acuerdo no es contundente para excluir al secuestro como conexo del delito político: El Gobierno, el Presidente de la Corte Suprema y el Fiscal General han aceptado por anticipado que el secuestro y el narco terrorismo queden impunes al considerarlos conexos al delito político. Esto es un premio a delitos de lesa humanidad como la masacre de Bojayá, el carro bomba a El Nogal o el asesinato masivo de los diputados del Valle del Cauca. El narcotráfico, como financiador del terrorismo, no ha sido delito político, al contrario, ha sido una atrocidad continuada, nunca indultable.

5. El Gobierno ha aceptado abrir a los terroristas todas las posibilidades de participación en política, sin excluir a los responsables de atrocidades.

6. El Gobierno no ha exigido entrega del dinero del terrorismo para reparar a los víctimas. Y, en lugar de exigir la entrega de armas, el Gobierno ha aceptado la palabra dejación que equivale a que el terrorismo las mantenga y las use cuando quiera.

7. La indignante presencia de jerarcas de la tiranía de Venezuela que posan de acompañantes del proceso: Rechazamos la presencia de la dictadura de Venezuela que ayer no más acribilló con genocidio a centenares de familias colombianas y hoy anunció más cierres de frontera.

8. Las facultades ilimitadas al Gobierno, ley habilitante al mejor estilo chavista, y la suplantación de la Constitución para complacer al terrorismo, constituirán una nueva dictadura, avalada por el Congreso y respaldada por los fusiles y explosivos del terrorismo.

9. El Centro Democrático sigue en el compromiso de interpretar a millones de colombianos que quieren una paz estable, esto es, con justicia de verdad, que quieren una refrendación reflexiva, con las reglas vigentes, y no un plebiscito dictatorial, a millones de colombianos que nunca aceptarán el golpe de estado que se trama contra la democracia, para lo cual se aprovecha, con oportunismo sin igual, la época electoral, como sucedió en las elecciones de 2014.

Álvaro Uribe Vélez
Expresidente y Senador de la República
Bogotá, 23 de septiembre de 2015