Esto, según Contraloría General de la República, puede llegar a configurar un daño al patrimonio público.

Una revisión con lupa de la Contraloría descubrió que en solo cuatro meses, de junio a septiembre de 2017, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) pagó $2.152 millones de pesos por brazaletes electrónicos que no habían sido instalados en personas privadas de la libertad. 

Esto, según Contraloría General de la República, puede llegar a configurar un daño al patrimonio público, derivado del pago por un servicio que no se está recibiendo.

"La situación se dio tras la selección del prestador del servicio de vigilancia electrónica, escogido en desarrollo de un proceso de subasta en la Bolsa Mercantil de Colombia, dado que en este proceso se modificaron las condiciones de prestación de servicio y la forma de pago, estableciéndose una nueva que, de acuerdo con el concepto de la Contraloría, atenta contra los intereses patrimoniales del Estado", señala el organismo. 

Según la Contraloría, antes la USPEC sólo tenía la obligación de pagar una vez el dispositivo de vigilancia se encontrará instalado en la humanidad del beneficiario, mientras que ahora el pago se genera a partir del sexto día de entregados los dispositivos a la entidad, sin importar si los mismos se encuentran o no instalados en los 
beneficiarios, tarea a cargo del INPEC y la empresa contratista.

Recursos

La Contraloría recordó que la USPEC argumentó que era necesario un periodo de transición de 4 a 6 meses para el cambio de proveedor, pero se pudo constatar que, "en la última selección de contratista, adelantada por operación de mercado abierto, la entidad no programó recursos para garantizar continuidad en la prestación del servicio de vigilancia electrónica durante el cambio de operador" .

Por tal razón, la USPEC autorizó la adición de $3.349,7 millones a la operación ya adjudicada, cuyo destino final fue el pago de monitoreo al anterior operador, "esto a pesar de estar vigente un nuevo contrato de operación del servicio, que solo entró a operar en junio de 2017, habiendo sido adjudicado desde febrero del mismo año". 

La Contraloría reveló que a pesar de las reuniones entre representantes de la USPEC y el INPEC para la definición de los requerimientos para el servicio de vigilancia electrónica, "una vez adjudicada la nueva negociación, se efectuaron cambios a las especificaciones del negocio, incrementando el valor final de la tarifa".

"Tal aumento de tarifa con posterioridad a la adjudicación del negocio, aunado a la total indefinición de un plazo cierto para la ejecución de las obligaciones, así como el sobredimensionamiento en la estimación del presupuesto inicial del proceso, desvirtúan el aparente ahorro que la USPEC anuncia como beneficio de la negociación en bolsa, pues se terminó cancelando un mayor valor unitario de vigilancia diario y la entidad tuvo que cancelar sumas adicionales por concepto del uso del mecanismo de Bolsa y pago de comisiones a su corredor de bolsa", indicó el organismo.

Monitoreo 

Por otra parte, debido a que los pagos al anterior operador fueron hechos por el actual contratista, con recursos dirigidos a la prestación del servicio a su cargo, la Contraloría logró establecer el pago doble de servicios de monitoreo sobre beneficiarios a los que se les retiró el anterior dispositivo y se les instaló el nuevo, por un monto de $21 millones. 

Esta situación, indicó el organismo, será materia de análisis en el curso de un proceso de responsabilidad fiscal.

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