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AFP



Un día antes que se realice la jornada electoral de autoridades locales en Colombia, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC, publicó un estudio asegurando que este período electoral no ha sido el más pacífico en la historia reciente del país, aunque destaca las modificaciones que han tenido las formas de violencia que se han registrado, mostrando una relación cada vez menor con el conflicto armado.

"Con la excepción del número de candidatos asesinados, todas las demás formas de violencia ?política y contra candidatos se incrementaron en 2015 frente al 2011?.? Esta violencia se ha transformado: hoy tiene características propias de un país en transición del conflicto al posconflicto: es más selectiva, más urbana que rural y parece tener ahora mayor relación con el crimen organizado y los grupos posdesmovilización paramilitar (GPDP) que con los grupos guerrilleros", explica el estudio.

Además, la entidad asegura que en 2015, "el número de víctimas de violencia electoral superó en más del doble lo alcanzado en las elecciones locales de 2011, al pasar de 49 a 107. Según nuestros registros, este notable aumento tuvo que ver sobre todo con el número de amenazados, que pasó de 31 a 83 en dichos años; aunque también aumentó la cifra de heridos (de 0 a 3), y asesinados (18 a 21), con participación en campañas electorales".

Así mismo, el número de candidatos víctimas de la violencia también éste se duplicó, al pasar de 26 a 63 víctimas; se triplicó la cantidad de candidatos amenazados aumentando de 15 a 55; pero se logró registrar una disminución en el número de candidatos asesinados de 11 a 8.

Según los registros del CERAC, 22 integrantes de la oposición y 22 de la colación del gobierno fueron víctimas de algún tipo de agresión, siendo el Partido de La U y el Centro Democrático los dos movimientos que mayor afectados tienen.

Sin embargo, la violencia electoral en este 2015 se ha caracterizado por tener cada vez menos relación con el conflicto armado y reflejar elementos de un país que está haciendo una transición. La mayoría de estos hechos los competieron grupos no identificados.

Otro dato importante es que "algunos de los departamentos donde se concentra la mayor cantidad de eventos de violencia electoral no coinciden con zonas de alta presencia guerrillera. De hecho, en departamentos con alta presencia de las FARC o el ELN, como Guaviare, Chocó, Putumayo, Meta o Tolima, no se han reportado altos niveles de violencia electoral".

Explica el CERAC que "en los departamentos con mayor presencia guerrillera y altos niveles de violencia electoral, es probable que dicha violencia esté más relacionada con la explotación de rentas asociadas a la minería ilegal o al narcotráfico que con los intereses militares y estratégicos del conflicto armado".

Para el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, es probable que los grupos guerrilleros estén ejerciendo otras formas de violencia similares a la intimidación; y concluye que la mayor amenaza que pueden tener los procesos democráticos provienen del crimen organizado.

Se resalta, como segundo elemento relevante, que los diferentes hechos registrados demuestran que la violencia electoral "está en un proceso de transformación que la hace relativamente autónoma al conflicto armado, las prácticas y los riesgos asociados al conflicto se usan por quienes ejercen la violencia política".

"La violencia electoral de este año también se caracteriza -aun cuando con información insuficiente- por no estar mayoritariamente dirigida contra candidatos y sectores de la oposición. La violencia electoral afecta a la oposición pero no se concentra en ella; lo cual es una señal positiva para la transición, en términos de la garantía y para la emergencia de eventuales movimientos políticos exguerrilleros".

Por último, el CERAC explica que la violencia electoral "tiene una alta concentración en zonas urbanas -aunque no es exclusiva de estas áreas, que obedece al interés de algunos sectores ilegales por controlar entidades públicas que pueden ofrecerles una importante fuente de acceso a presupuestos municipales y departamentales. No es en vano que esta violencia se ha observado de forma importante en las ciudades principales y los departamentos con mayor capacidad financiera del país".

Una de las conclusiones principales del estudio es que en el momento de transición por el que atraviesa el país, "la violencia electoral originada en el conflicto ha casi desaparecido, excepto por aquella soterrada y difícilmente detectable que influirá definitivamente en las áreas de influencia de las FARC y el ELN, mientras que formas de violencia más notorias y letales serán usadas por grupos ligados al crimen organizado para sostener sus fuentes de rentas”. La violencia electoral en Colombia se niega a desaparecer".