La Contraloría General de la República reveló que tras una auditoría a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), descubrió 17 hallazgos administrativos, de los cuales 12 tienen alcance fiscal por $18.920 millones de pesos y 14 son irregularidades con presunta connotación disciplinaria.

El organismo evaluó la gestión del proyecto para construcción y ampliación de infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden nacional.

"Se revisaron los proyectos de ampliación en 5 establecimientos carcelarios de alta y mediana seguridad (Espinal, Tuluá, Buga, Ipiales y Girón), así como sus contratos de interventoría, y el convenio marco interadministrativo de cooperación No. 20 de 2013, suscrito con la Universidad Nacional de Colombia", indicó la Contraloría.

Entre los hallazgos sobresalen graves deficiencias en la administración de los recursos destinados al proyecto evaluado, pues la entrega de cuantiosas partidas, a título de anticipo, en la totalidad de contratos, ha beneficiado financieramente a los consorcios constructores.

Así mismo, se reveló que "las interventorías dieron por recibidas y autorizaron el pago de cantidades de obra no ejecutada, no terminada, no instalada o que no cumple con las especificaciones mínimas establecidas en los documentos contractuales".

La situación descrita llevó a que en algunos casos los contratistas de obra debieran realizar reversiones de las cantidades de estos proyectos no ejecutados en actas subsiguientes, las cuales seguían pendientes de compensación por parte de la Tesorería de la USPEC.