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Corte Constitucional
Colprensa

La Sala Plena de la Corte Constitucional le dio el visto bueno al convenio firmado con Francia para prevenir la evasión y elusión fiscal, sobre los impuestos de la renta y el patrimonio.

La aprobación de la norma se dio al realizar el control de constitucionalidad de la ley 2061 de 2020 y el convenio entre ambos países que se suscribió en junio de 2015.

La Corte concluyó que “el tratado, su protocolo y ley aprobatoria habían cumplido los requisitos formales para su expedición y que a representación del Estado colombiano en la negociación, celebración y firma del tratado internacional fue válida”.

Asimismo, la Corte advirtió que “el tratado internacional, su protocolo y la ley aprobatoria no debían someterse a consulta previa” y que el tramite ante el Congreso para aprobar la normativa, cumplió con todos los requisitos de ley

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“Fue presentado por el Gobierno Nacional ante el Senado de la República, (ii) fue publicado antes de darle trámite en la respectiva Comisión, (iii) inició su trámite legislativo en la comisión constitucional competente, (iv) en cada una de las cámaras se observaron las exigencias constitucionales y legales para su trámite, debate y aprobación”, se lee en el comunicado de la decisión.

Colombia ya tiene acuerdos con otros países como España, Chile, Canadá y México. Precisamente, La Corte estudia la constitucionalidad del Tratado de Libre Comercio (TLC) con el Reino Unido e Irlanda del Norte.

La Procuraduría en ese punto envió un concepto a ese tribunal, en el que pide su aprobación bajo el argumento de que “el tratado internacional, firmado también por los gobiernos de Ecuador y Perú, tiene como finalidad preservar los beneficios y obligaciones existentes entre los países que lo suscribieron, que pueden verse afectadas ante el retiro del Reino Unido de la Unión Europea (UE)”

“El documento se ajusta a la Carta Política, pues pretende garantizar que no se interrumpan los beneficios asociados al anterior tratado, que permite la internacionalización de las relaciones económicas, así como persigue el desarrollo, el bienestar y la prosperidad social”, añadió la Procuraduría.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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