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El presidente de la República, Iván Duque, resaltó que con este avance en favor de los trabajadores acabaría con la nómina paralela.

Los trabajadores de la revista Maxim están a la espera de sus pagos
Los trabajadores de la revista Maxim están a la espera de sus pagos
Foto: Colprensa

El Gobierno Nacional y sindicatos del país firmaron un acuerdo estatal de aumento salarial del 4.5% para el 2019, en favor de los trabajadores públicos, y se hicieron avances en formalización, carrera administrativa y garantías sindicales.

La ministra de Trabajo, Alicia Arango, manifestó que este es un acto de justicia y le cuesta al Estado colombiano al rededor de un billón de pesos.

"Este acto de justicia le cuesta un billón de pesos al Gobierno. Es el más alto desde que se iniciaron las negociaciones y dicen los que saben, que es el más alto en 52 años. Sin embargo, yo digo que sigue faltando", afirmó la ministra Alicia Arango.

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El presidente de la República resaltó que este es el paso más importante para cerrar el tránsito a las nominas paralelas.

"El Estado no puede ser un propiciador de la informalidad laboral, por eso es tan importante que se avance en esos esquemas de  formalización como está en el acuerdo y también que esa sea la herramienta más importante para cerrarle el paso a las nóminas paralelas", indicó el presidente Iván Duque.

En Colombia, un servidor público gana mensualmente en promedio $2.806.870, sin contemplar las primas y las prestaciones de ley que se recibe anualmente, según información suministrada por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

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"Durante el lapso que duró la negociación del pliego presentado por las organizaciones sindicales, se concretaron cinco acuerdos que recogen 133 peticiones planteadas en las 11 mesas sectoriales que se instalaron para desarrollar las deliberaciones" aseguró la ministra Arango Olmos

Con este acuerdo se avanzó también en la integración de una comisión con representantes tanto del Gobierno Nacional como de los sindicatos, para que en el lapso de 30 días se elabore una política pública de protección a los dirigentes sindicales, sobre todo a los que se encuentran actualmente amenazados.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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