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Mediante una demanda dicen que el Estado deberá pagar a Odebrecht las obras no terminadas.

Ruta del sol II
Ruta del sol II.
Colprensa

La magistrada Cristina Pardo tendrá que entregar a la Sala Plena de la Corte Constitucional el proyecto de fallo sobre el estudio de la demanda contra uno de los artículos de la ley de infraestructura.

Desde ya se evidencia que el estudio del caso no será nada fácil, teniendo en cuenta que existen posiciones divididas sobre la viabilidad del artículo que establece pagos por terminación anticipada de los proyectos.

Por un lado la Banca y el sector de la infraestructura pidieron a la Corte darle vía libre a la normativa con fuertes argumentos de seguridad financiera para el país.

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Asobancaria señaló que la inexistencia de la normativa crearía un escenario de inestabilidad jurídica y desconfianza para los bancos y terceros de buena fe que prestan su dinero para las grandes obras en el país.

“Lo que necesitan países como el nuestro es que existan grandes obras de infraestructura y ello sólo se logra con financiación (...) para ello se necesita seguridad para las entidades financieras y para los ahorradores que confían sus recursos en dichas entidades”, advierte en el concepto.

En el mismo sentido la Cámara Colombiana de Infraestructura advierte que de llegarse a tumbar la ley se “generaría un desincentivo a la participación privada para financiar la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura”

Señala que resultaría perjudicial para el futuro de ese tipo de proyectos en el país, “toda vez que no habría certeza para garantizar los recursos aportados por los financiadores”.

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Ante esto la Agencia Nacional de Infraestructura dice que la norma se ajusta a la Constitución, exceptuando el reconocimiento de la indexación sobre los intereses de la deuda y la aplicación retroactiva para contratos celebrados antes del 2012.

Sin embargo, la Procuraduría se opone a esas posturas dándole la razón a la demanda del excontralor Edgardo Maya, al señalar que la norma pondría en riesgo los recursos públicos más allá de los comprometidos en la App.

Resaltó que esto “amplía sin justificación la aplicación de ese pago de contratos de concesión de infraestructura”.

Maya aseguró que la ley abre la puerta a que el Estado tenga que indemnizar o devolverle dinero a aquellas empresas privadas que por alguna razón pierdan su inversión, como lo sucedido con la Ruta del Sol de Odebrecht.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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