Este dinero se ha invertido durante los últimos 9 años.

Una auditoría adelantada por la Contraloría General de la República, reveló que los servicios de vigilancia electrónica, que implica el uso de los brazaletes electrónicos, le ha costado al erario $209.061 millones.

Este dinero se ha invertido durante los últimos 9 años, pese a que según el organismo de control, "la prisión domiciliaria, como medida alternativa a la retención intramural, viene presentando serios problemas de efectividad relacionados con el insuficiente personal de custodia y vigilancia que se dedica a efectuar el seguimiento a los beneficiarios del mismo".

Según la Contraloría, esto se refleja además en imposibilidad de hacer seguimiento oportuno a las alarmas que genera la vigilancia electrónica.

"Tal circunstancia, aunada a la concesión del beneficio a personas que en anteriores ocasiones han demostrado incumplimiento a los compromisos exigidos para el efecto, y de procesados y condenados que continúan con su accionar criminal en uso de la prisión domiciliaria, beneficiaria o no del sistema de monitoreo, llevan a concluir sobre la necesidad de optimizar los recursos que se dediquen a la gestión de estas medidas alternativas", advirtió la Contraloría.

Por tanto, para el organismo de control, se necesitan medidas especiales y un mejoramiento en las acciones, "tanto desde la órbita judicial para otorgar el beneficio a quienes estén en disposición de cumplir las obligaciones que de allí se derivan, como desde el campo administrativo, trasladando el costo del beneficio de vigilancia electrónica a quien tenga la disposición de sufragarlo".

Origen

Y es que estos sistemas de vigilancia electrónica fueron regulados como una medida sustitutiva a la pena de prisión o detención preventiva en virtud de la Ley 1142 de 2007, asignándole al entonces Ministerio del Interior y de Justicia la responsabilidad de implementar gradualmente la adopción del sistema y asegurar su financiamiento.

Para ello se suscribió el Contrato 337 de 2008, con el cual se pactó la prestación del servicio con Gensa S.A. y a partir de 2011, luego de una selección abreviada y directamente en los años 2014 y 2016, con la empresa Energía Integral Andina S.A., entidad que primero como subcontratista y luego como contratista, prestó el servicio de vigilancia electrónica durante 9 años. 

"Durante la vigencia de los mencionados acuerdos, las entidades estatales que tuvieron a su cargo la responsabilidad de tener en funcionamiento el Sistema de Vigilancia Electrónica, no implementaron ningún sistema de costeo que permitiera establecer la tarifa del servicio, la cual fue fijada en todo tiempo por el proveedor del mismo", señala el organismo.

Este panorama evidencia irregularidades como que, en solo cuatro meses, de junio a septiembre de 2017, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) pagó $2.152 millones de pesos por brazaletes electrónicos que no habían sido instalados en personas privadas de la libertad.

Esto para la Contraloría General de la República puede llegar a configurar un daño al patrimonio público, debido a un pago por un servicio que no se está recibiendo.
 

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