¿Conejo a artistas o abuso de Policía? Dilema en proyecto sobre derechos de autor

El gremio de los bares y restaurantes, hoteles y comercio, entre otros, hizo un urgente llamado al Congreso para que no se dé más largas al proyecto de ley sobre “libertades económicas”, que cursa actualmente en la Cámara de Representantes.

La iniciativa busca, entre otras cosas, que no se siga utilizando a la Policía para presionar los pagos de derechos de autor en algunos establecimientos que no se lucran de las obras musicales.

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La iniciativa, según los diferentes gremios, es clave para el comercio en general toda vez que aclara los requisitos de funcionamiento que los distintos establecimientos de comercio deben cumplir y da alcance a la facultad de los agentes de la policía para exigirlos.

No obstante, los compositores de país lanzaron un llamado de alerta toda vez que se sienten amenazados con la iniciativa, toda vez que uno de sus objetivos es la no exigencia de la documentación legal en los sitios públicos.

La organización Sayco y Acinpro hace un cobro a los establecimientos comerciales por el uso de las obras musicales pero, al ser aprobada la ley, esta tarifa no podría ser garantizada para los autores. 

La posición de los gremios

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, dijo que no entiende por qué, tratándose de una relación entre particulares que tiene un régimen especial de regulación y acciones efectivas de protección especial de derechos, sea la Policía Nacional la que haga el control sobre el pago de los derechos de autor en los comercios.

"No es coherente que nuestra fuerza pública, con todos los asuntos de resorte colectivo que debe controlar, deba ser la veedora, inspectora e incluso cobradora si se quiere, de los derechos de autor”, señaló Cabal.

Según los gremios, lo que ha venido sucediendo es que la Policía exige no sólo la demostración del pago, así el establecimiento no use obras protegidas, sino también que se demuestre mediante “certificados de no uso” o “paz y salvos” la no explotación de obras.

Estos implica, según la denuncia, que el comerciante deba tramitar ante el representante de los autores o sociedades de gestión dichos certificados por los que les cobran cifras entre 6 mil y 60 mil pesos. Exigencia que, a su juicio, carece de sustento legal.

"Reconocemos los derechos de autor como algo esencial en la operación de los establecimientos nocturnos. Sin embargo, nuestra fuerza pública debe velar por los requisitos expresos en la ley y no ser presa de la desinformación al servicio de gestores individuales o sociedades de gestión colectiva", afirmó Camilo Ospina, presidente de Asobares.

Por su parte Gustavo Adolfo Toro, presidente de Cotelco, dijo que “el sector hotelero es uno de los que más reconocen y pagan los derechos de autor por el uso de obras. Sin embargo la multiplicidad de cobros (y) reglas no claras para la fijación de las tarifas están desestimulando a los empresarios".

Aseguró que cada día aumenta el número de los establecimientos en donde no están haciendo uso de los derechos para evitar los pagos.

Por último, para la presidenta de Acopi, Rosmery Quintero, la mejor estrategia de crecimiento e incremento de la productividad es fortalecer la normativa y políticas diferenciales para Mipymes.

Posición de compositores y artistas 

El temor de los compositores colombianos es que con la aprobación del proyecto de ley, que pasa a su tercer debate, se deje de solicitar el paz y salvo del pago de los derechos de autor. Por lo menos eso es lo que cree el compositores colombiano Rafael Manjarrez, miembro del Consejo Directivo de Sayco. 

"Somos diez mil autores que quedaríamos desprotegidos porque el cobro del derecho de autor se convertiría en una izada a la bandera. Se pretende remitir al ámbito administrativo en las alcaldías y ellos no van a pelear con las clases sociales de los tenderos y establecimientos públicos", afirmó Manjarrez.

En este segundo debate del proyecto el Congreso se llenó de artistas musicales colombianos de todas las generaciones que pedían que no sea aprobada la iniciativa.

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El ponente del proyecto, Edward Rodríguez, afirmó que lo que se busca es evitar el abuso de algunos agentes de policía que ejecutan el cierre inmediato de un establecimiento por el hecho de faltarle algún documento, pero se les otorga un mes de plazo a los propietarios comerciantes para completar los requisitos requeridos para el funcionamiento del lugar.

"Con la nueva ponencia se protege a los autores del país pero también se cumple con el objetivo de cerrar vacíos jurídicos que dejó el Código Nacional de Policía", señaló Rodríguez.