La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dejó en firme la sanción impuesta a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio E.S.P. por deficiencias en el plan para emergencias y contingencias.

La multa impuesta por el organismo de vigilancia asciende a más de 1.000 millones. La Superservicios encontró que este plan de emergencia"no cumplía con los mínimos exigidos".

Entre otros, no relacionó el inventario de los recursos físicos, financieros y humanos con los que contaba para atender posibles emergencias en los servicios de acueducto y alcantarillado que provee a la ciudad.

"Este plan, que tuvo aplicación al menos desde diciembre de 2015 hasta mayo de 2016, puso en peligro la prestación del servicio a más del 70% de la población de Villavicencio (110.000 suscriptores)", sostuvo Julián López, superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

La investigación demostró que las falencias eran tan evidentes y críticas que eran una clara muestra de la falta de prudencia y diligencia de la empresa de acueducto de la capital del Meta, frente a deberes fundamentales en el marco de la prestación de servicios públicos domiciliarios.

Reposición

Luego de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios expidiera la resolución en la que se impuso dicha sanción, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio radicó, el 28 de febrero de 2017, un recurso de reposición contra de la mencionada resolución.

En su defensa, la compañía presentó múltiples argumentos, centrándose principalmente en que la multa no fue debidamente graduada y que la Superservicios se limitó a establecer la existencia de un incumplimiento, pero no analizó su efectiva incidencia en la prestación del servicio.

Según la SuperServicios, "en el proceso administrativo adelantado por la entidad se desestimaron los argumentos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio E.S.P. (E.A.A.V.), explicando, entre otros, el régimen legal vigente para la graduación de multas de la Delegatura de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, así como el reconocimiento de los criterios de riesgo o peligro para la prestación de los servicios públicos, como base para confirmar la sanción impuesta el 31 de enero de este año".