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Confirman responsables de millonario detrimento de recursos para erradicar cultivos ilícitos



La Contraloría General de la República dejó en firme un fallo de responsabilidad fiscal, en contra de los representantes legales –en su momento- de la Incubadora Empresarial de Producción y Comercialización Agropecuaria EU (Incuagro), por un caso de detrimento patrimonial por $697 millones, a los recursos para erradicar los cultivos ilícitos.

Los cobijados con esta medida son, Adriana Senior Mojica, y de la Compañía Productora de Caucho San Pedro, Jesús Bastidas, así como de Aminta Rengifo López, en su calidad de gerente liquidadora de Incuagro.

La Contraloría demostró que con recursos públicos se contrató la adecuación y siembra de árboles de caucho en fincas que no eran de propiedad de la Compañía Productora de Caucho San Pedro S.A. y que tampoco le fueron entregadas en usufructo; adicionalmente se comprobó que algunas de estas fincas eran del Fondo Ganadero de Córdoba, uno de los accionistas de la empresa.

Consideró que los responsables fiscales "omitieron funciones de vigilancia, control y cuidado a los recursos públicos entregados a la Compañía Productora de Caucho San Pedro para erradicar cultivos ilícitos".

El caso

Según el organismo, en mayo del año 2004, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -a través del Fondo de Inversiones para La Paz-, la Corporación Colombia Internacional e Incuagro EU, suscribieron el convenio especial de Cooperación Técnica No. 2459.

Se determinó entonces que estas entidades aunarían esfuerzos financieros, técnicos, operativos para ejecutar el Instrumento de Financiación de proyectos del Programa de Desarrollo Alternativo del Fondo de Inversiones para la Paz.

Por lo que se aprobó el proyecto denominado Productora de Caucho de San Pedro, en la cual se autorizó una inversión de $5.882.400.000, y se constituyó la Sociedad anónima, como el mayor accionista Incuagro EU, para aportar el capital con el que se sembrarían arboles de caucho en terrenos del municipio de Turbo – Antioquia, como estrategia para la erradicación de cultivos ilícitos.

Por su parte, la Superintendencia de Notariado y Registro revocó y dejó sin efecto las anotaciones contentivas de las escrituras por las cuales dicho Fondo adquirió los mencionados predios.

"Con ello quedó demostrado que con los recursos destinados por el estado para la erradicación de cultivos ilícitos se beneficiaron particulares, sin justificación alguna", indicó la Contraloría.