La Sección Cuarta del Consejo de Estado negó la demanda que había sido interpuesta por 12 congresistas contra los decretos del Gobierno que dieron vía libre al proceso de venta de la electrificadora de Isagen. Aunque los demandantes argumentaban que con la venta había una vulneración al patrimonio público, el alto tribunal confirmó que ya había sido proferida una sentencia en ese mismo sentido y por lo tanto era cosa juzgada al advertir que la enajenación estaba ajustada a la normatividad colombiana. “Los decretos demandados se fundamentaron en la Constitución y la Ley 226 de 1995 y que los motivos de política pública para justificar la venta de la empresa correspondían a aspectos que, en principio, no pueden ser objeto de un juicio de legalidad”, señala el Consejo de Estado. Hay que recordar que en el fallo del Consejo de Estado fue negada la nulidad de los artículos acusados al desvirtuarse la presunción de legalidad de los decretos del Gobierno nacional 1609 y 2316 de 2013 y 1512 de 2014 para realizar esta transacción comercial.