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Una mujer fue capturada en este operativo.
Cortesía Meval

En el séptimo encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (Alac), la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) aseguró que la lucha contra ese flagelo se forja a través de la articulación público-privada.  

Al respecto, Paola Buendía, vicepresidenta ejecutiva de la Andi, explicó que “desde la creación de la Alac, hemos estado convencidos de que se puede luchar frente al contrabando aportando ideas y recomendaciones a las autoridades sobre nuevos mecanismos y prácticas que se pueden implementar”. 

Señaló además que, pese a que la problemática del contrabando históricamente se ha concentrado más en ciertos sectores, como lo son los cigarrillos, licores, textil-confección y metalmecánico

“En los últimos años se han adherido otros renglones afectados como el de alimentos y el farmacéutico. Hoy específicamente vamos a lanzar la mesa de llantas y neumáticos y más adelante tendremos también una mesa de agroinsumos”, dijo Buendía. 

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Asimismo, mencionó que “este espacio, en el que la Andi tiene la Secretaría Técnica, se busca facilitar el intercambio de información, generar alianzas y estrategias público - privadas, así como visibilizar la problemática y la necesidad de implementar una agenda que minimice el accionar de la actividad”.  

“Lo más importante es que todo este trabajo de investigación mancomunado, que se convierte en una serie de recomendaciones para los gobiernos, debe volverse a su vez un plan de trabajo con visión de largo plazo en los países”, agregó. 

Según las más recientes cifras, el comercio internacional de mercancías ilícitas alcanzó los US$464 billones en 2019, lo que representa el 2,5% del comercio mundial, con un impacto perjudicial sobre distintos sectores como textiles, medicamentos, bebidas y alimentos, tabaco, cosméticos, juguetería, electrónicos, software y equipamiento médico; algunos de ellos, con la posibilidad de generar serios efectos en la salud y seguridad de las personas. 

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“El comercio ilícito no solo se limita al contrabando o a la venta de productos falsificados, sino que incluye la subfacturación de mercancías, la mala clasificación arancelaria o el establecimiento inadecuado de origen, y todo ello genera afectaciones importantes para el recaudo fiscal. El costo de todo esto lo terminan pagando las empresas formales”, concluyó. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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