Cargando contenido

¿El Estado cuenta con sistemas para controlar y verificar si los beneficios tributarios corresponden con los resultados ambientales?

Contraloría abre investigación por inundaciones a El Dorado
Contraloría abre investigación por inundaciones a El Dorado
Foto:Colprensa

Un fuerte llamado de atención hizo la Contraloría General de la República pues, según su última investigación, más de la mitad de los recursos hasta hoy recaudados por cuenta del impuesto al consumo de las bolsas plásticas y al carbono, no se estarían invirtiendo en proyectos que promuevan la conservación del medio ambiente como inicialmente había sido planeado.

Para la Contraloría, la destinación de estos recursos debería estar dirigido a la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero producidas por el consumo de combustibles fósiles. Sin embargo, con la puesta en marcha de la Ley de páramos, los dineros recaudados se dirigen al Fondo Colombia en Paz y son distribuidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Lea también: SIC Impuso multas por $43 mil millones por publicidad engañosa en el 2018

Manejo de recursos

Aunque la Contraloría reconoce la relevancia del cumplimiento de los acuerdos y la construcción del posconflicto, añade que de lo recaudado, “únicamente el 30% se destina a temas medioambientales, mientras que el 70% se destina a la implementación del Acuerdo Final suscrito entre el Gobierno Nacional y las extintas FARC-EP”.

Según datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a noviembre de 2018 el recaudo por este concepto asciende a los 294 mil millones de pesos, recursos que según el ente de control deben ser invertidos con el ánimo de corregir las "externalidades negativas", ocasionadas por las emisiones de gases de efecto invernadero.

Controles y beneficios

Para la Contraloría General se hace necesario vincular a otros agentes económicos que hoy no son responsables del tributo de las bolsas plásticas y, además, cuestiona el precario sistema de control que se hace al momento de entregar beneficios fiscales a las empresas sujetos de estos impuestos con destinación medio ambiental como ya lo advertía la OCDE.

Le puede interesar: Bancos y agremiaciones piden mantener Ley de Infraestructura

“Un ejemplo diciente: si una persona o una empresa declara una inversión para la mejora en la calidad del aire, no se verifica si la misma está funcionando, si costó el valor declarado y, lo más importante, si se logró el beneficio ambiental”, señaló el ente de control.

El estudio que estuvo a cargo de la Contraloría Delegada para el Sector de Medio Ambiente, concluye admitiendo que aunque el Certificado de Incentivo Forestal (CIF) es un instrumento sobre el que el Estado puede ejercer un mayor grado de monitoreo y control, su efectividad para contribuir a reducir el impacto sobre los bosques naturales y el potencial para capturar los gases efecto invernadero es insuficiente.

Fuente

Sistema Integrado de Información

Encuentre más contenidos

Fin del contenido