Contraloría destapa nuevo escándalo por manejo irregular de recursos de regalías

Un contrato por $21.000 millones que permitiría la construcción de 517 viviendas rurales para una población indígena del departamento del Meta, suscrito por la Secretaría de Vivienda de la administración del entonces Gobernador Alan Jara, generó un hallazgo fiscal por $13.885 millones, indicó la Contraloría General de la República.

El informe entregado por el organismo de control señala que las viviendas no fueron terminadas y las pocas que alcanzaron a ser construidas, presentan graves deficiencias estructurales.

El 19 de octubre de 2015 la Gobernación del Departamento del Meta suscribió un contrato con la Unión Temporal (UT) Vivienda de Interés Prioritario Indígena del Meta, representada legalmente, por el señor Néstor William Bravo Bermúdez, para llevar a cabo la obra.

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Sin embargo, la ejecución del proyecto tenía una plazo de diez meses y hoy se completan 3 años y 5 meses sin que la obra tenga ningún avance significativo, según señaló la Contraloría.

Además, al organismo de control le llama la atención que apenas a un mes de terminar la administración del exgobernador Alan Jara se giró el 50% del valor total del contrato, a título de anticipo, es decir una suma de $10.515 millones.

En las visitas hechas por funcionarios de la Contraloría se pudo evidenciar que en  algunos proyectos sólo se construyeron las bases de las viviendas, en otros solo hay excavaciones y donde hay levantamiento de muros no se cumplen las especificaciones técnicas de sismo resistencia.

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“La visita técnica de la Contraloría se hizo casa por casa, en zonas veredales del Meta, evidenciando que no fueron terminadas y lo poco que se ha construido no cumple con las especificaciones técnicas contratadas, además que las obras fueron abandonadas por el contratista en el 2018”, afirmó  la Supervisora de la Actuación Especial de Fiscalización, Alba Mercy Cruz.

Para la Contraloría, la Secretaría de Vivienda del Meta no cumplió con sus obligaciones de supervisión al contrato, así como también fue ineficiente la interventoría externa, a cargo del Consorcio Awaliba, cuyo representante legal, en ese momento, era el señor Iván Mauricio Aroca Cáceres.