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Andrés Díaz es economista de la Universidad Santo Tomás de Aquino
Colprensa-Inpec

La más reciente auditoría de la Contraloría General de la Nación al sistema penitenciario y carcelario del país,  advirtió sobre serias falencias administrativas y dificultades financieras que siguen afectado la gestión del INPEC y de la USPEC y que suman 223 hallazgos administrativos.

En el caso del INPEC se detectaron: "demandas por presuntas fallas del servicio, las cuales tienen pretensiones por $1.147 billones a junio de 2020, al igual que deficiencias en los saldos de las cuentas bancarias, créditos judiciales y pasivos contingentes impiden que se conozca la realidad financiera de la entidad".

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Entre los hallazgos fiscales detectados en la auditoría a la USPEC sobresale uno por $2.393 millones, “por gestión antieconómica e ineficiente al pagar por unos elementos que están instalados, no están terminados ni en funcionamiento”.

Adicionalmente la Contraloría señaló que la ejecución del presupuesto del INPEC, como consecuencia de esta situación fue relativamente baja.

Particularmente, es baja la ejecución de los recursos de inversión. En este caso, si bien se comprometieron el 86,7% de los mismos, sólo se obligaron y pagaron el 40,4%”, dijo la Contraloría. 

Se determinó, igualmente, que el INPEC no cuenta con una política contable de los créditos judiciales y que no se refleja en los estados financieros la situación real de los procesos.

Frente al proceso presupuestal, se determinaron deficiencias de planeación, programación y coordinación, que ocasionaron la expedición de CDPS por $1.429.587.389.59 para el reconocimiento y posterior pago de pasivos exigibles de vigencias expiradas.

La Contraloría determinó también que el sistema de salud carcelario,  no respondió de manera oportuna, adecuada y suficiente para mitigar los efectos de la pandemia de la covid-19.

“Si bien la Emergencia Sanitaria por la covid-19 se había declarado desde el 12 marzo de 2020 y los primeros casos se presentaron en la Cárcel de Villavicencio en la primera semana de abril, las muestras iniciales se tomaron el 27, cuando la enfermedad ya había avanzado en varios recintos del país”, señaló el informe.

Frente a las muestras, señaló la Contraloría que cerca del 79,5% de la población reclusa permanece sin toma de muestras. “El Sistema de Salud Penitenciaria carece del personal suficiente para hacer frente a una población conflictiva y especialmente vulnerable, con un buen porcentaje del personal médico que trabaja por prestación de servicio o a medio tiempo”.

Fuente

Sistema Integrado de Información.

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