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El presidente del Banco Agrario, el tolimense Francisco Mejía, lideró la entrega de 606 viviendas
El presidente del Banco Agrario, el tolimense Francisco Mejía, lideró la entrega de 606 viviendas
Banco Agrario

La Contraloría General de la República informó que luego de 18 años de iniciar la asignación de subsidios, la cual se realizó hasta el 2012, aún se encuentran 22.284 Subsidios Familiares de Vivienda (SVF) sin legalizar, lo cual afectaría a más de 90.000 beneficiarios. 

En el programa 'Bolsas Anteriores' se han registrado 22.284 subsidios con traslado a Cuentas de Ahorro Programado (CAP), sin pagos al oferente, por $325.602.069.933, incluido el valor de indexaciones. Tales subsidios fueron asignados entre el año 2004 y el 2020. La mayoría de ellos completan más de 19 años desde su asignación y a 31 de mayo de 2021 no han sido legalizados.    

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Adicionalmente encontró 25 hallazgos administrativos, de los cuales siete tienen presunta incidencia fiscal por un valor de $4.434 millones, 18 con posible incidencia disciplinaria, uno que da pie a una indagación preliminar y dos para procesos administrativos sancionatorios. 

El detrimento patrimonial de mayor cuantía, por $1.640 millones, se da con relación al proyecto Urbanización Enraizar III Etapa, en San Pablo, Bolívar, donde no han sido construidas las 413 viviendas previstas, luego de transcurrir nueve años de haber sido viabilizado y cinco desde la legalización de los recursos destinados para las obras de urbanismo.  

Estos son algunas de las principales deficiencias detectadas por la Contraloría General de la República:  

*Se invirtieron recursos públicos en la construcción de obras de urbanismo que posteriormente no cumplieron el objetivo para el cual fueron construidas, dado que cinco años después no prestan servicio alguno, habida cuenta de que no se han construido y entregado a sus beneficiarios las viviendas.  

*Debilidades en la planificación y viabilización de los proyectos, lo cual ha permitido que se les asignen recursos, aunque tienen dificultades de escrituración y titulación, de usos del suelo y de licencias de construcción.  

*La situación anterior ha llevado a que más de nueve años después de su viabilización, las familias beneficiarias de los subsidios de vivienda, en su mayoría desplazadas por la violencia, aún no cuenten con una solución de vivienda digna.  

*Se encuentran proyectos de vivienda que están paralizados desde hace más de dos años, incluso alguno hasta más de cinco, sin que Fonvivienda tome las medidas administrativas para asegurar su efectiva culminación y entrega a la población beneficiaria o para declarar el incumplimiento y hacer efectivas las garantías.  

*Se evidencia asignación de subsidios a favor de personas fallecidas, lo cual se determinó al cruzar bases de datos de beneficiarios de SFV con la base de datos de fallecidos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La Contraloría estableció que, en 1.468 casos, Fonvivienda asignó SFV a beneficiarios en fechas posteriores a su fallecimiento.  

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Así como ineficacia en las medidas adoptadas por Fonvivienda para lograr la correcta ejecución de los subsidios en términos de oportunidad y eficiencia; numerosos proyectos en situación de incumplimiento sin que se evidencien las acciones de Fonvivienda para iniciar la correspondiente investigación y determinación de las sanciones pertinentes.  

Por lo anterior, la Contraloría solicitó al Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) un Plan de Mejoramiento, que incluya acciones correctivas y preventivas dirigidas a subsanar las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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