Corporaciones autónomas regionales, en la mira de la Contraloría

La Contraloría General de la República descubrió, entre otras irregularidades, una posible violación a la Ley de Contratación del Estado, por parte de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, (Asocars).

Esto, tras una auditoría que adelantó el organismo de control en la que evidenció una varios casos de contratación directa para asesorar a seis corporaciones, en la implementación del nuevo marco normativo de la contaduría pública.

Según la Contraloría, "sin tener la idoneidad requerida y desconociendo su objeto social (para la ejecución de proyectos, que promuevan el cumplimiento de las funciones en beneficio de la sostenibilidad ambiental del país), Asocars decidió asesorar y suscribir convenios con las entidades antes mencionadas y desarrollar la implementación del nuevo marco normativo de la contaduría pública, conocido como NIIF, para luego subcontratarlo con un particular".

El organismo de control determinó además que, durante los últimos 12 años, el gremio ha liquidado sus declaraciones de renta de manera irregular.

Así mismo, como resultado de una auditoría practicada al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Contraloría abrirá indagación preliminar para verificar los soportes de un contrato por $1.536 millones que suscribió Asocars con el Ministerio, "dado que la totalidad de los mismos no se encontraron allí (facturas, gastos de viaje y viáticos, entre otros)".

En la auditoría, practicada directamente al gremio, se establecieron 13 hallazgos administrativos, de los cuales dos tienen presunta connotación penal, cinco presunta incidencia disciplinaria, tres con otra Incidencia (los cuales serán trasladados ante las instancias competentes) y uno para adelantar Proceso Administrativo Sancionatorio.

-Contratos-

Según la Contraloría, en el año 2016, el MinAmbiente celebró cinco convenios con Asocars por$2.340 millones, entre los que se destaca el Convenio 380, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de generar escenarios apropiados de participación ciudadana y estrategias encaminadas al ordenamiento ambiental del territorio”.

El valor de este convenio fue de $1.356 millones, "encontrándose inconsistencias de información respecto de los soportes en el contrato, así como diferencias entre los gastos inicialmente establecidos y los finalmente ejecutados (en Honorarios $145 millones, en Logística de Talleres $689 millones y en Gastos de Viaje y Movilización $204 millones)", señala la Contraloría.

Dado que la totalidad de los soportes no se encuentran en el Ministerio (facturas, contratos de prestación de servicios suscritos por ASOCARS, gastos de viaje y viáticos, entre otros), se solicitará abrir una indagación preliminar para verificar los soportes en la entidad ejecutora, a fin de establecer el valor real ejecutado en el convenio.

-Liquidación Irregular -

La Contraloría encontró también que, durante los últimos 12 años, Asocars ha liquidado su impuesto de renta de manera irregular, "acogiéndose a los beneficios tributarios dedicados al régimen especial, particularmente en lo que se refiere a la exención de impuesto sobre los excedentes obtenidos".

Sin embargo, no se evidencie el registro contable que soporte la inversión de tales excedentes. "Adicional a ello se encontró que los excedentes no fueron aplicados o reinvertidos a programas institucionales acordes con el objeto social de la entidad y que se vieran reflejados contablemente, situación que desconoce los criterios definidos en el Estatuto Tributario referentes a la condición de exentos", reveló el organismo de control.

¿Permisividad de la Dian?

Para la Contraloría, si bien es cierto que Asocars ha incumplido reiterativamente con los criterios definidos en el Estatuto Tributario, referentes a la exención de impuesto sobre la renta, "acogiéndose irregularmente a los beneficios que se otorgan al momento de liquidar sus declaraciones de renta", el organismo señala que, "también lo es que la Dian tiene un plazo establecido para revisar las declaraciones y una vez estas quedan en firme, no tiene la competencia para cuestionarlas ni modificarlas".

Por lo tanto, esta situación se configura como un hallazgo de auditoria, para comunicar a la Dian.