El Gobierno insiste en que es fiscalmente inviable poner en marcha cuatro proyectos que fueron aprobados por el Congreso de la República y que tienen que ver con los temas de pensión y salud.

Se trata de iniciativas como la que permite rebajar del 12 al 4% los aportes que los pensionados hacen a la salud; el que rebaja el número de semanas cotizadas para mujeres que ganen menos de dos salarios mínimos; aquel que busca que a todos los niños al nacer se les haga un examen que permita descubrir posibles futuras enfermedades, denominado tamizaje neonatal, y el que incluiría los tratamientos sobre fertilidad en el plan obligatorio de salud, (POS).

Según el viceministro de Hacienda, Andrés Escobar, poner en marcha estas leyes le implicaría al fisco desembolsar recursos superiores a los $5 billones al año, lo que en 10 años implicaría un esfuerzo económico de más de $50 billones.

En el caso de la rebaja de los aportes a salud el costo sería superior a los $3 billones al año "y por eso el Gobierno dijo reiteradamente que no lo apoyaba precisamente por el costo fiscal", dijo el alto funcionario.

Indicó que el proyecto que disminuye las semanas de cotización a pensión para las mujeres "tiene un costo importante que si uno coge los próximos 15 años superaría los $6 billones".

Mientras que poner en marcha la ley de tamizaje neonatal le implicaría el fisco recursos por $300.000 millones al año.

Y el que busca incluir los procedimientos de fertilidad en el POS requiere partidas superiores a los $1.1 billones.

Escobar calificó como populistas las voces que en el Congreso han criticado el actuar del Gobierno en el trámite de estas iniciativas, el tiempo que indicó que lo fiscalmente responsable es prender estas alertas.

No obstante dijo que la última palabra la tendrá el presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien deberá firmar objetar estas leyes.