Denuncian que Ecopetrol habría firmado asesoría jurídica para importar gas de Venezuela

En medio del intenso debate de moción de censura contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, la representante Carolina Arbeláez denunció que Colombia firmó, a través de Ecopetrol, una asesoría jurídica para importar gas de Venezuela.

“Ecopetrol tramitó la solped No. 988197 con el propósito de contratar el “Servicio de asesoría jurídica internacional externa en aspectos legales, regulatorios y mercado Oil & Gas venezolano para negocios que puedan desarrollarse, principalmente para la compra, importación y servicio de transporte de gas natural a Colombia y contratos suscritos, entre otros”, señala el contrato.

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Eversheds Sutherland Niceas S.L.P. es el nombre de la empresa española que presentó una oferta en el Método de Elección mencionado, la cual fue analizada de conformidad con las reglas previstas para saber si es viable dicha importación.

El día 04 de noviembre de 2022, Ecopetrol la aceptó como el ofrecimiento más favorable con los parámetros establecidos para el servicio de asesoría jurídica internacional externa en aspectos legales, regulatorios y mercadeo de gas venezolano, principalmente para compra e importación a Colombia.

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Dicho contrato tiene vigencia hasta el 13 de diciembre de 2023, con un valor “indeterminado”, con cláusulas de multas y penal, por un valor de 76.625 USD. El contrato está firmado por Gilma Piedad Vera, por Ecopetrol y Jacobo Martínez Pérez, como contratista de la firma Eversheds Sutherland Nicea, contratista.

La representante Carolina Arbeláez, por Cambio Radical, le pidió además a la ministra Irene Vélez explicar: “¿será cierto el rumor de que pretenden sacar a Felipe Bayón de la presidencia de Ecopetrol porque no se quiere prestar para firmar contratos con PVDSA?”.

“Sólo hemos podido escuchar anuncios ligeros ministra, que han causado pánico económico que está planteado en el artículo 302 del artículo del Código Penal que puede afectar la confianza de los mercados de valores y eso es un delito”, añadió la representante a la Cámara.