Una auditoría de la Contraloría General de la República, descubrió once hallazgos fiscales por $1.800 millones de pesos, ocho de los cuáles fueron traslados a la Fiscalía General de la Nación, en la gestión en materia de alimentación, vigilancia electrónica, infraestructura y atención en salud a los reclusos, a cargo del INPEC.

Según esta auditoría, el INPEC ha sido incapaz de llevar a cabo su objeto misional. En materia de infraestructura física, la auditoría evidenció que la respuesta a los planes de necesidades del INPEC no ha sido oportuna.

Así mismo, se encontró rezago en el cumplimiento de las metas de generación de cupos, lo cual se agrava con la decisión de la USPEC de ejecutar los recursos destinados para ampliación y mantenimiento de infraestructura a través del contrato interadministrativo 216144 de 2016 suscrito con FONADE, que pospuso nuevamente la puesta en marcha de los planes de mantenimiento de los establecimientos de reclusión.

"La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) reconoce un rezago en el cumplimiento de las metas de generación de cupos, situación evidenciada tanto en el control a la ejecución contractual, como en las visitas efectuadas por la Contraloría a infraestructura carcelaria inaugurada pero que para la fecha de la auditoría, se encontraba pendiente de recibo, como es el caso del Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué Coiba", se reseña en el informe.

En otros casos, la infraestructura carcelaria se encontraba en operación sin contar con las condiciones necesarias para su funcionamiento, como el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de El Espinal (Tolima).

Demora

Según la Contraloría, la demora de la USPEC en la puesta en marcha del Plan de Mantenimiento, así como en la solución oportuna de los requerimientos de reparaciones locativas y atención de necesidades prioritarias en materia de infraestructura, han motivado a que el INPEC, "careciendo de competencia legal para ello, destine recursos propios y celebre convenios con entidades territoriales, con el fin de intervenir la infraestructura de los establecimientos de reclusión".

Lo que para el organismo, "además de generar posible extralimitación de funciones, lleva a que se puedan estar efectuando duplicidad de inversiones".

El organismo se remonto al 2016 cuando el INPEC suscribió ocho convenios por $130 millones, y 38 convenios en 2017 por $2.009 millones, para realizar intervención a la infraestructura carcelaria a nivel nacional, competencia que ahora corresponde a la USPEC, lo que lleva a la configuración de una presunta extralimitación de funciones.

Vigilancia

En cuanto al servicio de vigilancia electrónica, se evidenció que lo contratado solo cubre a un porcentaje aproximado del 10% del total de la población con medidas de aseguramiento o penas privativas de la libertad extramural.

"La capacidad operativa del INPEC para efectuar monitoreo y seguimiento a las alarmas generadas por el Sistema de Vigilancia Electrónica es mínima, frente a la insuficiente disponibilidad de personal de custodia y vigilancia para realizar verificaciones de campo", se indica en el informe.

En materia de Sistemas de Vigilancia Electrónica (SVE), la auditoría concluyó que la USPEC no contaba con un control efectivo de las sumas entregadas a título de anticipo, ni se pactó la obligación de generación ni devolución de rendimientos financieros sobre los recursos entregados a dicho título, por parte del vendedor.

Así mismo se modificaron las características del objeto de la Ficha Técnica del Negocio y el valor de la prestación del servicio diario pasó de $17.556,10 a $20.093,8, con posterioridad a la adjudicación en rueda de negocios. Tal modificación implicó que se incrementó el valor de facturación mensual, una vez adjudicada la operación en Bolsa.

Tal como se planteó la negociación en Bolsa, USPEC debe pagar la suma diaria pactada por los dispositivos efectivamente recibidos y con capacidad de generación de señal, al margen de que los mismos hayan sido instalados a los destinatarios, con lo que se podría estar cancelando sumas de dinero por servicios no recibidos.

Sobre este particular, la Contraloría observó que este tipo de condiciones de negociación se pactaron en detrimento de los intereses de la entidad y la población destinataria de los servicios.

Otros hallazgos

En la auditoría, la Contraloría objetó la cláusula octava de un convenio suscrito entre USPEC y FONADE, por entregarse incondicionalmente la propiedad de los rendimientos financieros de las sumas entregadas de manera anticipada a FONADE, en detrimento de los intereses patrimoniales del Presupuesto General de la Nación.

Con corte a Junio 30 de 2017, se habían causado rendimientos superiores a $2.500 millones, habida cuenta del volumen de recursos de cuatro vigencias fiscales comprometidos en este convenio ($430.000 millones) para la contratación de nuevos cupos, planes de mantenimiento y dotación de 56 establecimientos de reclusión.

Otra observación tiene que ver con las deficiencias generalizadas en la supervisión contractual, que llevaron al recibo y pago de obras no realizadas, o trabajos que no corresponden con la especificación contratada.
Algunas de ellas se detectaron en los establecimientos EPMSC Chocontá, EPMSC Manizales, EPMSC Acacías, EPMSC Salamina y EPMSC Bucaramanga, las cuales sumaron hallazgos fiscales por $602.5 millones.

En la evaluación a la contratación de infraestructura, se encontraron contratos de operación y mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Agua Potable PTAP y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en ciudades donde las respectivas empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios certificaron que el servicio de potabilización de agua y disposición final de aguas residuales venía siendo atendido por ellas. Se constató tal situación en el EPMSC Acacías y en el Complejo Penitenciario de Cúcuta. Tales situaciones ocasionaron daño patrimonial por $738 millones.

Atención en Salud

En la auditoría, la Contraloría estableció que se destinaron recursos apropiados a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) por concepto de Implementación del Sistema Integral de Salud en el Sistema Penitenciario, con destino al Fondo Nacional de Salud para Personas Privadas de la Libertad, en gastos y contratos por fuera de la destinación específica para lo cual fueron presupuestados, por más de $6.200 millones.

"De estos recursos, $5.500 millones fueron ejecutados para financiar una adición al contrato interadministrativo No. 216144 del 25 de noviembre de 2016 suscrito entre la USPEC y FONADE, para la adquisición y mantenimiento de equipos biomédicos, y con los restantes $701.911.532 se pagó el contrato No. 341 de 2014 Póliza de seguros QBE, lo que motivó el traslado del hallazgo a la Fiscalía General de la Nación", descubrió la Contraloría.

De igual manera, la USPEC no transfirió durante la vigencia 2016 recursos por el mismo concepto al Fondo, por valor de $5.009.824.088, dineros que por falta de apropiación fueron reintegrados al Tesoro Nacional, situación que además de no contar con la debida justificación, puede llegar a afectar la financiación del servicio en la respectiva vigencia fiscal y por ende generar faltante de recursos para la atención final en salud.

Apuntó que una adecuada y oportuna ejecución de este tipo de recursos, "podría mitigar en gran medida el riesgo jurídico derivado de la atención de 11.131 tutelas (a junio 30 de 2017) por la prestación del servicio de salud, o el riesgo jurídico y patrimonial que se deriva de otro tipos de medios de control judicial".