Deuda del Gobierno Santos superó los 500 billones de pesos

Un informe de la Contraloría General de la República dio a conocer que la deuda del Gobierno de Juan Manuel Santos creció en 2017. Según el documento, en dicho período la deuda alcanzó los 516,59 billones de pesos, lo que representa un incremento del 5.9% frente al 2016.

El endeudamiento público registró un incremento de 29,27 billones de pesos, respecto al cierre del 2016, cuando se ubicó en $487,46 billones de pesos.

Según el ente de control, el Gobierno Central fue el principal prestatario externo e interno y registró un incremento de $32,12 billones en el saldo de su deuda durante 2017.

“Haciendo que medida como porcentaje del PIB (44,9%), alcanzara el nivel más alto desde 1923, año en que la Contraloría General de la República empezó a llevar el registro de la misma”, afirmó el Edgardo Maya, contralor de la República.

Por otra parte el sector público registró en 2017 un déficit fiscal de 23,81 billones, lo que representa un 2.61% del Producto Interno Bruto (PIB), la cifra es menor a la presentada en 2016, cuando fue de 26,55 billones de pesos.

En cuanto al gasto público social, se registró un monto de 118 billones de pesos, estos recursos son destinados a la población vulnerable.

“En la ejecución del Gasto Público Social se observa que en términos nominales, pasó de $40,89 billones a $127,09 billones entre 2005 y 2017”, Indicó el alto funcionario.

Sin embargo, el informe detalló que la pobreza no disminuyó en niveles proporcionales, durante los últimos 12 años, y que aún persiste la inequidad.

En su intervención, el contralor resaltó que en los recursos del Gasto Público Social, se han detectado problemas de corrupción, como evidenciado en el Sistema General de Participaciones (SGP).

“En las auditorías hechas a las partidas del sistema general, que están destinadas a educación, salud, agua potable y saneamiento básico, entre otros, en la  vigencia 2017 la Contraloría encontró hallazgos por $3.051 millones” aseguró Maya Villazón.

Finalmente el órgano de control asegura que de no tomarse las medidas necesarias para reducir los gastos e incrementar los ingresos públicos, habrían graves consecuencias.

Por ejemplo, se pondría en riesgo el grado de inversión de la deuda externa colombiana y se incrementaría su costo de financiamiento.