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La Contraloría halló un presunto sobrecosto del 100% en la adquisición de un millón de tapabocas.

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Cortesía: Armada Nacional

La Contraloria General abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra dos altos oficiales de la Armada Nacional por las presuntas irregularidades en la compra de elementos de bioseguridad en medio de la emergencia sanitaria, ocasionada por la la pandemia del coronavirus. 

En el proceso se señala que se habrían presentado irregularidades por 992 millones de pesos en la adquisición de estos elementos.

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El organismo de control halló un presunto sobrecosto del 100% en la adquisición de un millón de tapabocas, pues mientras la Policía Nacional compró cada tapabocas a 750 pesos, la Armada pagó el doble por unidad, es decir, $1.500.

A este proceso fueron vinculados el comandante de la Base Naval ARC Bogotá, Capitán de Navío Jaime Gómez González; la oficial que realizó los respectivos estudios previos, Capitán de Fragata Magda Constanza Moreno Doncel; y la empresa contratista, Medivalle, a través de su representante legal, Anderson Gaminera Angulo. 

“El elevado sobrecosto en este contrato se determinó al comparar los valores pagados por la Armada frente a un contrato de la Policía Nacional donde se compraron tapabocas convencionales similares”, explicó el contralor General, Carlos Felipe Córdoba. 

Otras medidas: 

El jefe del ente de control fiscal calificó de Impacto Nacional las presuntas irregularidades por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en la adquisición de 769 mil kits alimentarios, por un valor superior a los 95 mil millones de pesos, por lo que se abrió una indagación preliminar.

“Esta investigación por presuntos sobrecostos en 93 órdenes de pago celebradas por la Ungrd, fue asumida por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción”, aclaró el Contralor. 

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Además, se abrió un proceso de responsabilidad fiscal por 942 millones de pesos contra el alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, por un presunto sobrecosto en un contrato que tenía por objeto el suministro de alimentos a población estudiantil.

También se adelantan procesos de responsabilidad fiscal contra la Gobernadora del Cauca y los alcaldes de Malambo, Girón, Sincelejo y Coveñas, por sobrecostos en contratos relacionados con la adquisición de kits de alimentos y de aseo. 

Finalmente, el organismo de control abrió 40 nuevas indagaciones preliminares por presuntos sobrecostos en contratos para atender la emergencia ocasionada por la COVID-19, que involucran a 12 Gobernaciones, 10 Alcaldías, 4 entidades de salud y la Armada Nacional.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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