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El más reciente estudio publicado por KPMG ‘Encuesta sobre Fraude en Colombia’ reveló que  el 80% de los fraudes cometidos en las empresas son realizados por los mismos empleados de las organizaciones.

De acuerdo con los resultados del estudio, al igual que las entidades del sector público, las empresas privadas también son blanco de corrupción.

Al respecto, Diego Ríos, director de Servicios Forenses de KPMG en Colombia, señaló que “los resultados nos indican que más de la mitad de las organizaciones encuestadas han experimentado algún tipo de evento de fraude durante los últimos años"

Agregó que "encontramos que control interno fue el medio principal por el que se detectó el evento, con un porcentaje del 60%, seguido por los mecanismos de denuncia, con un 22%. Es así como estas áreas son claves a la hora de prevenir y detectar actividades delictivas”.

En cuanto a los impactos financieros, Ríos señaló que el fraude le deja pérdidas a las empresas superiores a los 200 mil millones de pesos al año.

“Se identificó que el 45% de las empresas en Colombia logró cuantificar el monto defraudado en un valor de hasta diez mil dólares. Otro 20% tuvo pérdidas entre los diez mil y 50 mil dólares; mientras que un 23% reportó un detrimento superior a los 50 mil dólares y con un tope de hasta 500 mil dólares”, agregó.

El estudio también identificó que el perpetrador es de sexo masculino en el 56% de las veces, con edades entre los 25 y 40 años (57%) y un nivel de educación profesional (36%) o técnico/tecnológico (33%). En un 22% de los fraudes se presenta colusión. En el caso de las mujeres, se evidencia que solo en el 11% de los casos actúan individualmente.

“Los motivos que llevaron a que los delitos se llevaran a cabo son diversos: el primero fue la presentación de la oportunidad, otros, la ambición y codicia, problemas económicos, presión por el alcance de los objetivos y resentimiento con la organización. Entre las causas directas se identificó la falta de controles internos, debilidad en la cultura ética, ausencia de políticas claras y bien definidas, o ausencia de un programa de entrenamiento de ética”, puntualizó Ríos.

Fuente

Sistema Integrado de Informaciòn

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