Fueron 86 los contratos suscritos entre el 27 y el 31 de enero del presente año por 3.146 millones de pesos.

El Auditor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, reveló en RCN Radio que tras la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, los entes territoriales han contratado de forma directa, es decir a dedo, lo que ocasiona un riesgo grande corrupción, en el país.

El jefe del organismo de control señaló que "el espíritu general del Estatuto de Contratación Pública ha sido que los proceso se realicen por medio de mecanismos como selección abreviada, concurso de méritos y licitación, que garanticen la pluralidad de oferentes y ante todo la transparencia, pero lo que estamos observando es que por esta premura casi el 90% de la contratación se está realizando de forma directa".

Señaló que la irregularidad de contratar de forma directa, por parte de los entes territoriales, durante la vigencia de la Ley de Garantías, fue puesta ya en conocimiento de la Produraduría, para que se establezcan las sanciones disciplinarias de ley.

"El llamado es a los organismo de control para que focalicen todos los contratos que se hicieron durante el mes de enero, que termina siendo cercana o superior a a los $3.000 millones. Y evaluar el grado de eficiencia de la Ley de Garantías que surgió dentro de un contexto que ya no tenemos hoy en día", expresó el Auditor General.

Anuncio que el organismo adelantará un barrido sobre la contratación estatal en los meses de febrero y marzo, para complementar este informe del mes de enero.

Informe 

La Auditoría General de la República descubrió que los entes territoriales suscribieron más de 80 contratos, tras la entrada en vigencia de la Ley de Garantías. 

Según el organismo de vigilancia, fueron en total 86 los contratos suscritos entre el 27 y el 31 de enero del presente año por 3146 millones de pesos. 

Entre las entidades que violaron la Ley de Garantías está por ejemplo la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso, que suscribió cinco contratos por 1314 millones de pesos.
 
También está la Alcaldía municipal de San Agustín, Huila que suscribió un contrato por 325 millones de pesos. 

Así mismo, las alcaldías de municipios como Tibacuy en Cundinamarca, Restrepo Meta, Nobsa en Boyacá y Pijao en Quindío, suscribieron contratos por un valor superior a los 400 millones de pesos. 

Fueron en total más de 22 entes territoriales que violaron la ley de garantías razón por la cual el Auditor General decidió que se abra el debate sobre la necesidad de que se continúe con esta ley. 

Para el Auditor Carlos Hernán Rodríguez, "la Ley de Garantías genera riesgos innecesarios a los gobernantes territoriales dado que con la premura del tiempo pueden cometer errores en las etapas de planeación contractual que terminan por afectar la gestión pública de estas entidades". 
 

Encuentre más contenidos

Fin del contenido