Electricaribe, la empresa más sancionada por fallas en el servicio en 2020

La Superintendencia de Servicios Públicos reveló este martes que en el último año impuso más de 95.0000 millones de pesos en multas a cerca de 206 empresas, en su mayoría de los sectores de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas.

Según el reporte de la entidad, la empresa con mayor número de multas fue Electricaribe, con  más de 6.729 millones de pesos, seguida de la empresa Universal de Servicios Públicos con más de 1.755 millones de pesos.

Otros seis prestadores sancionados sumaron multas por $1.656.232.000, fueron las Empresas Públicas de Medellín, Electrificadora del Huila, Ecopetrol , Codensa, Compañía Energética del Tolima y Alcanos de Colombia.

Motivos

Los principales motivos de las sanciones se relacionan con fallas en la prestación del servicio, deficiencias en los reportes al Sistema Único de Información (SUI); incumplimiento de la regulación frente la facturación del servicio de energía.

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“Estas sanciones son resultado del ejercicio de supervisión técnica que hace la entidad a las empresas prestadoras y de reclamaciones presentadas por los usuarios. En el marco del debido proceso, se definieron los valores de las multas impuestas a cada prestador, teniendo en cuenta el tipo de infracción, falla o incumplimiento a la regulación que aplica a los servicios públicos bajo nuestra vigilancia”, dijo la superintendente Natasha Avendaño.

Por otra parte, la entidad señaló que fortaleció su esquema de supervisión técnica y de atención y servicio al ciudadano, en el territorio nacional.

“La Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio fue creada en 2020 como resultado de un proceso de fortalecimiento institucional y de modernización de nuestro modelo de operación que nos hace más eficientes, explicó.

Apuntó que la instancia "dará apoyo directo en las regiones a nuestras otras dos superintendencias delegadas para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, y para Energía y Gas, y con ello podremos reducir los tiempos de respuesta a la ciudadanía, ante fallas en los servicios públicos o actuaciones irregulares de las empresas bajo nuestra vigilancia”, dijo Avendaño.