Este sábado 27 de enero entra en vigencia la Ley de Garantías Electorales para el Gobierno central. Esta legislación se aplica a las entidades gubernamentales que buscan realizar contratación directa, con motivo de las elecciones para Presidencia de la República que se adelantarán en mayo.

Según entidades de vigilancia y otras como Colombia Compra Efiente, el año pasado más de un 70% de la contratación del Estado se adelantó de manera directa. Esto implica recursos por más de $15 billones.

Lo anterior significa también que en el sector público se suscribieron más de 616.180 contratos bajo esta modalidad, que según entidades de control facilita la corrupción.

El portal de transparencia económica del Ministerio de Hacienda reveló que en lo corrido de enero se suscribieron más de 93.000 contratos.

Según expresó Juan David Duque, director de Colombia Compra Eficiente, “es importante recordar que la Ley de Garantías está pensada para evitar que los recursos públicos se usen para favorecer aspiraciones electorales, por eso su entrada en vigencia inicia cuatro meses antes de las elecciones del Congreso de la República, que se realizarán el domingo 11 de marzo de 2018 y va hasta que el Presidente sea elegido, es clave que las entidades públicas tengan en cuenta las fechas y restricciones para que los recursos del Estado se ejecuten de manera eficaz”.

“Como primera medida se evidenció que entre los meses de junio y julio hubo un incremento del 58% en el valor contratado, mientras tanto en los meses de agosto y septiembre los incrementos respecto al mes anterior fueron de alrededor del 11%, finalmente se detectó que el número de contratos celebrados después que acabó la Ley de Garantías varió entre los 30 mil contratos y los 39 mil contratos”, puntualizó Duque.

Según la entidad, la Ley de Garantías Electorales prohíbe celebrar contratos en la modalidad de contratación directa hasta la elección del nuevo Presidente de la República, e involucra a todos los entes del Estado, sin importar su régimen jurídico, forma de organización o naturaleza, pertenencia a una u otra rama del poder público o su autonomía.