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La advertencia la hizo la Superintendencia de Industria y Comercio. Pidió al Congreso aprobar una norma para inhabilitar a contratistas.

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Con la posible ampliación del IVA a más productos, el recaudo crecería en 16 billones de pesos.
Foto: Ingimage

El superintendente delegado para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Jorge Enrique Sánchez, advirtió en RCN Radio que las empresas implicadas en el cartel de la contratación estatal pueden, al otro día de haber sido descubiertas, contratar de nuevo con el Estado, debido a que no hay una norma que los inhabilite para adelantar esta actividad.

La advertencia la hizo el funcionario a propósito del pliego de cargos que el organismo elevó contra 23 empresas y 21 personas naturales, por presuntamente hacer parte de este cartel que participó en 101 procesos de contratación con varias entidades, entre la Fiscalía, el Sena, las Gobernaciones de Cundinamarca y Antioquia, entre otras.   

"Este tema de la inhabilidad a nosotros nos parece escandaloso, que una persona que ha cometido estas conductas pueda, al otro día, buscar contratar de nuevo con el Estado".

El delegado recordó que hace dos años, el organismo impulsó un proyecto que no tuvo éxito en el Congreso, con el cual se buscaba inhabilitad a estos contratistas, si cometían hechos de corrupción.

Según el funcionario, las multas a que podrían hacerse acreedores estas empresas y contratistas vinculados a este caso de cartelización llegan a los $78.000 millones para las sociedades y a 2.500 millones para las personas naturales.

Además, Jorge Enrique Sánchez señaló que estos hechos podrían incluso tener connotación penal con condenas entre 6 y 12 años de cárcel. Agregó que estas conductas irregulares ocurrieron entre los años 2014 y 2017.

De igual modo, recordó que en el último año se constituyó un grupo élite que se ha encargado de desenmascarar estos actos delictivos.

La estrategia de estos contratistas, a los que Sánchez calificó de profesionales de la contratación pública, era ponerse de acuerdo para que no hubiera puja en los procesos contractuales y el Estado tuviera que contratar con el máximo precio propuesto por una de las empresas.


 

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