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Al regular la entrada de otros competidores al mercado de biotecnológicos, el sistema de salud se ahorrará entre 300.000 y 600.000 millones de pesos anuales en los ocho medicamentos de este tipo más usados, según el Gobierno.

A diferencia de los biológicos, que se obtienen a partir de organismos vivos o de sus tejidos, los medicamentos biotecnológicos se producen mediante procesos en los que se usan información genética y tecnologías especiales para que las células actúen como fábrica de sustancias que luego son convertidas en fármacos.

"Queremos que los colombianos tengan medicamentos seguros y eficaces, a menor precio", dijo Santos durante la firma del decreto en la Casa de Nariño, sede del Gobierno.

El presidente agregó que Colombia es pionera en esta legislación en América Latina y que el decreto es producto de "un trabajo muy riguroso" y de "una discusión amplísima" cuyos beneficios "van a ser igualmente amplios, igualmente positivos" para el país.

Por su parte, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, aseguró que este decreto hace parte de las medidas que ha tomado el Gobierno para reducir los costos de los fármacos y que con cada nuevo competidor que entre al mercado se puede reducir el precio de los medicamentos biotecnológicos en entre un 30 y un 60 %.

"Lo más importante es la seguridad y la salud de los pacientes; por lo tanto solo entrarán al mercado aquellos biotecnológicos que cumplan rigurosamente los requisitos de calidad", dijo Gaviria.

Entre las enfermedades que más se atacan con medicamentos biotecnológicos en el país están diferentes tipos de cáncer y la artritis reumatoidea, explicó el ministro.

Gaviria añadió que las empresas que soliciten el registro sanitario de estos medicamentos "deberán presentar un paquete de nueve tipos de pruebas propias" con animales y humanos sanos y enfermos para acreditar que cumplen todos los requisitos.

Para reglamentar los biotecnológicos el Gobierno discutió el asunto durante dos años y medio en consultas públicas con laboratorios farmacéuticos, colegios de profesionales, ONGs, organizaciones de pacientes, la Iglesia católica, sociedades científicas, universidades y ciudadanos.

El decreto entrará en vigencia después de que el Ministerio de Salud expida las guías de "inmunogenicidad" y "estabilidad" de los medicamentos, para lo cual tendrá un plazo de un año.