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Estas fueron las medidas de la SuperSociedades para que descalabro de Interbolsa no quedara en la impunidad

Foto: supersociedades.gov.co



Ante la advertencia de la Fiscalía de que prescriba el proceso que se sigue contra los responsables del descalabro de la comisionista Interbolsa, fuentes de la SuperSociedades recordaron que en este caso, que también tiene relación con el Fondo Premium, el organismo logró que se pagara el 100% de las acreencias por la millonaria estafa.

Además, señalaron que la SuperSociedades tomó varias medidas para que el caso de Interbolsa y el Fondo Premium no quedara en la impunidad.

Entre ellas la vinculación de 33 personas naturales y 26 personas jurídicas al proceso. También otorgó plenas garantías a todas las partes involucradas. Se resolvieron exitosamente alrededor de 100 recursos contra las decisiones del juez, así como numerosas tutelas.

Además se repatriaron recursos desde Curazao por US$7,6 millones. Por primera vez se logró un acuerdo de cooperación internacional en un caso de captación ilegal para pagar a los afectados.

Reparación

En el caso del Fondo Premium, el ente fiscalizador recordó que "la liquidación del Fondo completó el pago del 100% de las reclamaciones de los afectados por esta captación ilegal".

Fueron 1.034 las víctimas de este descalabro los que pidieron ser resarcidos. De ellos más de 773 habían recibido pagos en efectivo por el 100% de sus reclamaciones.

En total, fueron devueltos $386.565 millones. Se embargaron además más de 90 bienes inmuebles de los implicados en este escándalo.

De igual forma, la liquidación había efectuado siete devoluciones en efectivo por un valor superior a los $180.100 millones.

Las fuentes indicaron que "en un hecho sin antecedentes, la intervención por captación ilegal terminará con activos que superan el valor de las reclamaciones. Estos activos continúan embargados y serán destinados al pago de los acreedores de la masa de la liquidación".

Recordaron además que el liquidador del Fondo Premium adelanta el proceso de vinculación al patrimonio autónomo de los afectados que tenían saldos de reclamaciones sin pagar.

Tras la puesta en marcha de este instrumento los afectados pueden negociar sus derechos fiduciarios o esperar a la venta de los bienes por parte del administrador fiduciario.