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Una tesis doctoral propone establecer medidas de seguridad que le brinden confianza a los consumidores ante los pagos electrónicos.

Colombianos se están colgando con el pago de su tarjeta de crédito
Foto referencial tarjetas débito.
COLPRENSA

Una tesis doctoral de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional reveló que los consumidores financieros terminan siendo los más afectados cuando se produce un fraude bancario electrónico.

Y esto sucede, según la tesis, por la dilación de las entidades bancarias para bloquear los medios de pago electrónicos y la falta de un sistema jurídico para este tipo de transferencias.

En la investigación se encontró que, "por ejemplo, el caso de un médico a quien le robaron la billetera mientras estaba bajo los efectos del alcohol. Aunque él realizó el procedimiento para cancelar la tarjeta, los ladrones aprovecharon para hacer compras en diferentes establecimientos. Al reclamar, la entidad financiera lo tildó de negligente. El fallo, sin embargo, le dio la razón al cliente y la entidad tuvo que devolverle el dinero que le habían hurtado".

"En Colombia la regulación es incipiente porque no se ha definido ni reglamentado, solo se acepta su existencia y se hace un llamado a las normas de otras instituciones, lo cual no soluciona el problema", advierte la investigación.

La tesis señala que para combatir las irregularidades que se presentan entre los consumidores y el sistema financiero, "el Estado debe establecer medidas y canales de seguridad que les permitan a los consumidores confiar y que se adapten a los pagos electrónicos para propiciar la transformación de los servicios financieros en la era digital".

Igualmente plantea que "para contrarrestar las desigualdades entre el consumidor y las entidades crediticias, el Estado debe  salvaguardar los intereses del consumidor desde el orden constitucional, a partir de la creación de leyes, pasando por la supervisión de su cumplimiento de estas y la atención de la rama judicial”.

La institución crediticia no puede culpar al consumidor en un proceso y de esa forma exonerarse de la responsabilidad, porque un precepto legal lo prohíbe”, afirma la investigación.

El estudio detalla que una situación similar se presenta con cheques con firmas adulteradas o falsificadas, por medio de las transacciones por Internet, en las que los hackers modifican el código de la firma electrónica o suplantan a la persona.

“La única forma en que la institución financiera puede exonerarse de responsabilidades es demostrando que el consumidor o alguno de sus dependientes realizó la transacción y que, para realizar esta labor, cuenta con medios especializados”, puntualiza el informe.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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