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Los magistrados de la Sección Tercera no lograron ponerse de acuerdo sobre levantar o no las medidas cautelares.

Franckig para la extracción de hidrocarburos
Franckig para la extracción de hidrocarburos.
AFP

La Sección Tercera del Consejo de Estado no tomó una decisión definitiva sobre el futuro de la extracción de hidrocarburos o la extracción de gas y petróleo mediante la técnica del fracking, cuestionada por ambientalistas.

Los magistrados no lograron ponerse de acuerdo sobre si levanta o no las medidas cautelares, que hasta ahora tienen suspendidos los procesos de licenciamiento ambiental de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

La decisión no es fácil, teniendo en cuenta que hay varias posiciones encontradas al respecto. Por un lado está el Gobierno y las multinacionales, que dicen que el país cuenta con toda la normativa y la capacidad técnica para adelantar los procesos.

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Por otro lado están los sectores ambientalistas y lideres sociales, que afirman que el país no esta preparado para utilizar esta técnica que, sostienen, tendría serios efectos sobre el medio ambiente. 

La demanda que está en curso es contra el decreto 3004 de 2013 y la resolución 90341 de 2014, sobre el marco regulatorio para el fracking en Colombia, que está suspendido por orden de este alto tribunal desde noviembre de 2018. 

Para tomar decisión, el Consejo de Estado estudia los resultados de la Comisión Interdisciplinaria de la Universidad Nacional sobre los riesgos, implicaciones, la técnica y los procedimientos, para llevar a cabo labores de exploración y explotación de hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales (YNC).

Las medidas cautelares de suspensión del procedimiento se decretaron en noviembre del año pasado, cuando el magistrado Ramiro Pazos consideró que la autorización en Colombia para la aplicación del fracking podría acarrear una afectación grave al medio ambiente y a la salud humana.

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Se tuvieron en cuenta las advertencias que lanzó la Contraloria en el 2012 sobre el posible aumento de la sismicidad, la contaminación hídrica y la consecuente afectación de la salubridad provocadas por el fracking. Lo anterior se evidencia aún más, según la Contraloria, “si la técnica se desarrolla en zonas de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos, como los páramos”.

Al respecto, el Consejo de Estado consideró que la suspensión de las normas que regulan fracking sería una medida de precaución en medio de la falta de certeza científica sobre los daños que podría ocasionar su uso.

“Son numerosos los estudios que prevén que el uso de esta tecnología puede tener un impacto negativo en la preservación del medio ambiente y en la salud humana y, por lo mismo, varios países han decretado su prohibición”. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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