La multinacional española Gas Natural Fenosa rechazó el informe que realizó la Contraloría General de la República en el que se concluye la utilización de más de 216.000 millones de pesos de los subsidios de energía, para aminorar las pérdidas de Electricaribe.

Según indicó esta compañía, "Gas Natural Fenosa, en su condición de accionista mayoritario de Electricaribe -hoy intervenida y bajo administración del Estado colombiano-, no puede sino rechazar de manera categórica las conclusiones del presunto informe, por no corresponder a la verdad". (Lea también: Electricaribe devolverá $20.000 millones de subsidios de energía que desvió para aminorar pérdidas)

Asimismo, la empresa expresó que "la totalidad de los recursos aportados por el Ministerio de Minas y Energía a Electricaribe fueron rigurosamente aplicados al consumo de energía de los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2 de los barrios subnormales de su área de operación con el fin de asegurar su acceso al servicio, como lo estableció la ley".

Explicó además que "una vez aplicados los recursos del FOES a las facturas de los usuarios beneficiarios de los mismos, éstos fueron utilizados para el pago de la energía y de ello hay constancia en el Consejo de la Sociedad y en los reportes que se hacían preceptivamente a los diferentes organismos de control".

Informe


La Contraloría General de la República realizó una investigación preliminar en la que concluyó que Electricaribe utilizó estos millonarios recursos de los subsidios de energía para amortiguar sus pérdidas económicas entre junio de 2011 y junio del año en curso.

Ante estas evidencias, el interventor de Electricaribe, Javier Lastra anunció que la empresa comenzará desde el próximo año a devolver estos dineros a los usuarios los estratos 1 y 2 pero solamente desde el momento en que comenzó el proceso de intervención de la empresa.

Por tanto indicó le fue enviado a Gas Natural Fenosa el informe del organismo de control para que la multinacional responda por estas irregularidades.

El monto que el interventor gestionará para que sea devuelto a los usuarios, asciende a $20.000 millones.