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Gobierno admite más irregularidades en la ANH, aparte de robo de discos duros

Foto referencial Ingimage

El ministro de Minas, Tomás González, reveló que tres empresas entregaron documentación falsa en el marco de seis contratos de Exploración y Producción de Hidrocarburos, que fueron adquiridos en las Rondas Colombia 2008 y 2012.

 



 

El escándalo por el robo de la información de sísmica que pertenecía a las compañías Repsol y Canacol no termina. El propio Ministerio de Minas y Energía junto con la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Secretaria de la Transparencia denunciaron inconsistencias en las pólizas de garantías que aportan las empresas para la adjudicación de contratos.

 

"En uno de los procesos internos detectamos el problemas con las garantías que entregan las empresas para la adjudicación; revisamos el 100% de las garantías de 474 que tenemos y fueron 10 que tenían problemas asociadas a tres empresas", explicó.

 

Los contratos adjudicados a las tres empresas, que fueron catalogadas por el Ministerio como "compañías pequeñas", reúnen compromisos de inversión por al menos 48 millones de dólares.

 

De otro lado, se refirió al extravío de copias de información de sísmica. "Se constató la falta de 4 discos duros, que contienen copia de la información sísmica entregada por dos empresas operadoras", confirmó el Ministro.

 

Aclaró que la información faltante corresponde a una copia suministrada por las empresas operadoras, a las cuales ya se les solicitó entregar un duplicado de la misma.

 

"Dicha información sólo es útil para la empresa operadora, pues se refiere al área que le fue asignada, sobre la cual tiene derechos exclusivos de exploración y eventualmente de explotación. Por lo tanto, esa información no puede ser utilizada por terceros", añadió.

 

Pues ante estos hechos que ponen en evidencia las irregularidades de la institución, el presidente de la ANH, Mauricio de la Mora, dijo que se están tomando cartas en el asunto y medidas.

 

El ministro de Minas, Tomás González, pidió a las autoridades competentes, como la Fiscalía o la Contraloría, aplicar los máximos castigos y no descartó que "rueden cabezas" al interior de la institución o que se caduquen los contratos con las compañías implicadas en las garantías falsas.