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Gobierno y Cortes se enfrentan por el tope pensional

Con posiciones encontradas las Cortes y el Gobierno asisten a la audiencia que abre el debate sobre el pago de jugosas pensiones que van desde 14 hasta 25 millones de pesos mensuales, a un grupo de altos funcionarios y ex funcionarios del Estado.

Un informe sobre obligaciones contingentes del Ministerio de Hacienda con corte a junio de 2012 revela que 51 por ciento de las demandas contra el Estado corresponden a entidades que otorgan pensiones.

Encabezan la lista el Instituto de los Seguros Sociales, la caja de sueldos de retiro de la Policía y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

En el caso del antiguo Seguro Social, el Ministerio contabiliza más de 97 mil demandas, la inmensa mayoría tutelas reclamando jubilaciones o reliquidación de mesadas pensionales.

El Seguro, que ahora se denomina Colpensiones, concentra 39 por ciento del total de los procesos judiciales que cursan contra el Estado, siendo la entidad pública que enfrenta el mayor volumen de demandas.

Dice el reporte que dentro de las demandas instauradas contra el Estado ante la justicia ordinaria 88 por ciento corresponden a procesos laborales. Lo anterior conlleva a presupuestar 67 por ciento de las provisiones económicas para eventualmente responder por este tipo de acciones.

Gobierno y Rama Judicial evalúan costo fiscal de demandas por pensiones

Con motivo de la audiencia pública sobre pensiones prevista para este jueves en la Corte Constitucional, el Gobierno pedirá tener en cuenta la sostenibilidad fiscal de las jubilaciones que los jueces otorgan por vía tutela.

La Corte alista una decisión sobre las pensiones altas; es decir, las que sobrepasan los 15 millones de pesos mensuales y que desbordan la normativa ordinaria, pero que a través de tutelas o demandas han sido otorgadas en estrados judiciales.

El Ministerio de Hacienda y la Contraloría expondrán en la audiencia el impacto que tienen estas jubilaciones en las finanzas públicas.

La cartera económica solicitará, además, que se tengan en cuenta la ley de sostenibilidad fiscal y la llamada "regla fiscal" (aprobadas en 2011) y que establecen pautas para que las demandas judiciales no pongan en riesgo la sostenibilidad del Estado.