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Colprensa

El próximo lunes se adelantará una audiencia de imputación de cargos contra dos jueces y siete abogados que pertenecerían a un 'cartel de tutelas', que buscaba sacarle a Ecopetrol millonarios recursos por reconocimientos laborales.

Según indicó el organismo investigador, estas personas se avanza en las acciones tendientes a poner al descubierto y dar con los responsables de hechos de corrupción en la administración de justicia, por lo que se puso en marcha la segunda fase la operación ‘Pozo de la Dicha’.

Para tal efecto, fueron radicadas solicitudes de imputación de cargos contra dos jueces del Distrito Judicial de Cúcuta y siete abogados, "como presuntos responsables de auspiciar un entramado ilegal en el que fueron presentadas y falladas irregularmente tutelas que afectaron el presupuesto de Ecopetrol en $137.475’480.065".

Fuentes del organismo revelaron que en desarrollo de la investigación, se encontró que las acciones judiciales fueron emitidas entre 2010 y 2011, algunas fueron revocadas por la Corte Constitucional en el año 2012 y otras se ejecutaron con responsabilidades económicas de Ecopetrol.

Implicados 

Los jueces presuntamente implicados en este desfalco son Samuel Darío Rodríguez Duarte y Amparo Disney Vega Mendoza, a quienes se les imputarán cargos por los delitos de prevaricato por acción, peculado en favor de terceros y concierto para delinquir. 

Los abogados presuntamente implicados en el cartel son:

José Trinidad Minota Quintero
José Luis Horta Orozco
Iván Landínez Vargas
Asael Arguello Cortés
Andris Jonathan Barreto Rodríguez
Catia Del Carmen Joly Villareal.

"En este caso denominado ‘El Pozo de la Dicha’ sobre tutelas espurias contra Ecopetrol, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó el pasado 27 de febrero, a los exmagistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, Fernando Castañeda Cantillo a una pena de pena de 21 años, 9 meses y 21 días de prisión; y a Félix María Galvis Ramírez a 22 años, 8 meses y 2 días de cárcel", explicaron las fuentes . 

El fallo declaró culpables a los dos exfuncionarios por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y prevaricato.

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