Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo - Foto Mario Franco - Colprensa

El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Francisco José Lloreda, criticó con fuerza las protestas ambientales y ciudadanas que se han presentado en los últimos meses contra la exploración y explotación de hidrocarburos en zonas de impacto ambiental.

Según aseveró el directivo, "la protesta pacífica se ha convertido en una patente de corso para delinquir, para extorsionar, para presionar a la industria petrolera en Colombia".

Lloreda sostuvo que si bien es importante hablar de sostenibilidad ambiental, también lo es fortalecer la dinámica petrolera, ya que "esta industria le ha brindado al país 200 billones de pesos, en los últimos años".

Dijo que se necesitan nuevas reglas que le brinden seguridad jurídica al sector, "ya que sin ella las empresas no vendrán a invertir en el país como lo han hecho".

"Le piden al industria que cumplas con las obligaciones (ambientales) a rajatabla, pero dónde están los derecho de la industria; la industria tiene derechos y lo mínimo es que le permitan operar", afirmó Lloreda.

Indicó que "en el país no se puede seguir dando señales contradictorias al mercado petrolero, ya que por un lado le piden reforzar la estrategia de exploración de crudo y por otro las decisiones judiciales hacen que se cierre esta posibilidad porque no le permiten a la industria explorar los hidrocarburos".

Lloreda recordó que el país debe enfrentar el faltante de la renta petrolera que este año es de 23 billones de pesos.

El directivo afirmó que es necesario revisar a la baja los costos del transporte de crudo y gas, para aliviar financieramente al sector.

Por su parte, el director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos y exministro de Minas, Amylkar Acosta, afirmó que "el activismo judicial, ha traído como consecuencia medidas y decisiones que conspiran contra las posibilidades de que el país pueda reactivar la actividad petrolera".

El directivo dijo que "es clave propiciar unos consensos sobre unos parámetros claros de cómo se debe seguir llevando a cabo esta actividad, para no continuar con la incertidumbre que actualmente vive el sector de los hidrocarburos".

El caso más reciente fue la decisión de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), de revocar el permiso para explorar petróleo en la región de La Macarena (Meta), por parte de la empresa Hupecol.