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Los sistemas pensionales presentan turbulencias.

A escala global, el clima de los sistemas pensionales presenta turbulencias, las cuales en algunas latitudes parecen convertirse en huracanes capaces de arrasar incluso con sistemas de gobierno. En opinión del analista Juan Ricardo Ortega, la estabilidad política de naciones como Colombia va a depender del camino que se tome para defender las instituciones públicas que garantizan los derechos pensionales, ya que en los procesos electorales este tema está ganando gran relevancia y se está volviendo determinante. Sin ser exhaustivos, algunos casos pertinentes pueden ilustrar tal panorama. 

En España, cuyo sistema es público y es gobernado por el Pacto de Toledo, a partir de la reforma del año 2013, los pensionados han recibido aumentos anuales menores que la inflación (los aumentos se fijaron en 0,25%), lo que dará lugar a que las pensiones pierdan entre 15% y 20% de su valor real hacia el año 2023. Además, el gobierno tuvo que endeudarse para pagarlas debido a la dramática descapitalización que durante el último septenio sufrió el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (cerca de 90%), el cual administra las prestaciones contributivas. En respuesta, se ha producido una masiva movilización social que se ha organizado con el nombre de la marea pensionista.

En Chile, ya cumplidos treinta y siete años de la privatización de su sistema pensional, el movimiento “No+AFP” integrado por trabajadores que se están jubilando denuncia que las pensiones representan cerca de 30% de lo que recibían como salario, lo cual consideran como engaño si se tiene en cuenta que se les había prometido un 70%. Este movimiento exige que se retorne a un sistema público de reparto y que se refuerce el pilar solidario (pensiones universales). La reforma propuesta por el gobierno saliente se orientaba en algo hacia esas exigencias pero no fue aprobada en su totalidad por la Cámara de Diputados por lo que queda en manos del nuevo gobierno, muy afín al sistema existente.

Por su parte, en Argentina y en Brasil las reformas propuestas han generado un descontento generalizado por cuanto implican cambios en los métodos de cálculo de las mesadas o apuntan al aumento de requerimientos para obtenerlas, así como aumentos en las tasas de cotización. Argentina logró la aprobación de la reforma a finales del año 2017 en medio de fuertes protestas que no se veían desde la crisis financiera del año 2001; mientras que en Brasil el gobierno, debido a las protestas, decidió frenar la reforma.

Más recientemente, el caso de Nicaragua despierta gran interés. Frente al desbalance entre ingresos y pagos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el FMI propuso que se redujeran el monto de las pensiones y se aumentara la edad de jubilación, mientras que el gobierno optó por que los empresarios asumieran los costes al pasar de 19% a 22,5% los aportes, y de 6,25% al 7% el de los trabajadores. Frente a esta amenaza para las finanzas empresariales, más no del bienestar de los trabajadores, se dio paso a una fuerte protesta social que llevo a que el gobierno desistiera de la reforma y cargar al presupuesto nacional el déficit.

Este panorama visto en el marco de la gobernanza global, muestra que para los organismos que fomentan el desarrollo, las reformas pensionales tienen especial prioridad. En efecto, en el reciente informe regional sobre El panorama de las pensiones: América Latina y el Caribe, el BID, la OCDE y el Banco Mundial indican que los sistemas pensionales de la región muestran problemas relacionados con bajas coberturas, altos riesgos de sostenibilidad financiera y fuertes presiones fiscales, por lo que recomiendan ajustar y profundizar las reformas iniciadas en los años 90.  

En lo que atañe al caso colombiano, esos organismos internacionales insisten en que es el momento para darle paso a una reforma integral con perspectiva de largo plazo. Por su parte, el BID en el informe: Diagnóstico del sistema previsional colombiano y opciones de reforma, pone énfasis en que este sistema es altamente inequitativo debido, principalmente, a las grandes diferencias entre las pensiones altas y la mínima en el régimen de prima media que administra Colpensiones. También afirma que el sistema es ineficiente y costoso por la competencia desigual entre Colpensiones y las AFP que administran el régimen de ahorro individual. Aunado a lo anterior, la OCDE enfatiza que, además de reducir los beneficios del régimen de prima media, es necesario eliminar las restricciones que impiden asignar pensiones por debajo del salario mínimo legal, entre otras medidas. 

En correspondencia con las insistentes indicaciones hechas por esos organismos, el gobierno colombiano asignó un capítulo especial para el tema pensional dentro del estudio de la Comisión del gasto y la inversión pública que se realizó durante el año 2017. A manera de conclusión general, la Comisión afirma que el gasto público en pensiones es regresivo sobre la distribución del ingreso, en el sentido que se gasta mucho y beneficia a pocos. Sin distinguir los diferentes regímenes públicos, estiman que el gasto para subsanar los desbalances entre las cotizaciones y los beneficios podría ser de 3,9% del PIB para el año 2017. Si se distinguen esos regímenes, el monto destinado a Colpensiones podría ser de 1.5% del PIB para el mismo año. Concluyen, que ese gasto es regresivo porque solo beneficia a una cuarta parte de la población adulta mayor. A manera de recomendaciones, la Comisión plantea por lo menos dos escenarios para una reforma: uno, es marchitar a Colpensiones; y el otro es un sistema con un pilar contributivo donde seguirían  coexistiendo Colpensiones y las AFP, un pilar de los regímenes especiales, y un pilar solidario de pensiones universales para quienes no cumplan las condiciones de los otros pilares. 

Sin lugar dudas, Colombia requiere una reforma pensional que dé prioridad a variables fundamentales como la sostenibilidad financiera de todos los regímenes del sistema. Sin embargo, antes de abordar las discusiones sobre esas variables fundamentales, es necesario que la sociedad en su conjunto discuta y tome decisiones sobre cuestiones básicas de filosofía social, tales como el grado de cobertura del sistema: qué porcentaje de la población adulta mayor debe recibir pensión ¿todos o sólo quienes cotizaron? Y, no menos importante, de cuánto deben ser las pensiones ¿se trata de subsidios complementarios o de mesadas equivalentes a salarios de subsistencia? En todo caso, la sociedad debe disponer de la información suficiente y transparente para hacer esas cuentas y hacer sus propias propuestas. En este sentido, las recomendaciones que hacen los organismos internacionales y los gremios financieros son aportes, más no caminos obligados, sobre todo si se tienen en cuenta los resultados de los países donde se han aplicado.  

Finalmente, es deseable que el debate sobre el tipo de sistema pensional que requiere Colombia no quede inscrito solamente en la coyuntura política, sino que se convierta en una cuestión de estado; por demás, legítima. Para esto es necesario construir un acuerdo social y económico para su reforma. Ese eventual acuerdo puede lograrse a partir de la discusión de escenarios hipotéticos en los que los principios de equidad, cobertura y solidaridad sean compatibles con ciertos niveles de ahorro y gasto público a los que se comprometa la sociedad en su conjunto, y no sean decisiones centrales en contra de la voluntad de la población en general.


*Autores: Alejandra Sánchez Vásquez, profesora asistente del departamento de matemáticas (asanchezva@unal.edu.co); Óscar Javier López Alfonso, profesor asistente del departamento de matemáticas (ojlopeza@unal.edu.co) y Carlos Murcia Linares, Investigador (carlosmurcialinares@gmail.com) 

 Grupo de Estudio en Seguridad Social. Maestría en Actuaría y Finanzas. UNAL. 

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