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Ley de licores no alcanzaría a ser aprobada en esta legislatura

Foto AFP



Para este miércoles fue aplazada la votación en tercer debate del proyecto de ley que busca reforzar el monopolio de las rentas que tienen las regiones del país sobre el sector de los licores, más conocida como la ley de licores.

Una fuente del gobierno señaló que el último debate de esta iniciativa se daría hasta la próxima legislatura que comienza el 20 de julio, ya que el tiempo es muy corto para que se lleve a cabo este trámite.

Según dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, una de las impulsadoras de esta iniciativa, con esta legislación las rentas de las regiones crecerían entre un 18 y un 20%.

Esto, indicó Lacouture, "le representará más de 250 mil millones de pesos adicionales para los departamentos".

Indicó que lo que busca la norma no es acabar con el monopolio rentístico de los licores sino reglamentarlo y fortalecerlo.

"Con esta legislación se busca tener unas normas de juego claras y definidas, tanto para los licores nacionales como para los extranjeros y que se mantenga el monopolio de la renta que manejan las regiones", explicó.

Por su parte, la senadora Olga Lucía Suárez, ponente de la iniciativa indicó que la estructura principal del proyecto es no tocar el monopolio rentístico de las regiones.

Señaló que se tiene un componente impositivo que va a afectar más a los licores importados que a los nacionales y por lo tanto se podría presentar un incremento en el precio de los primeros.

"Hoy queremos tener un sistema mixto en donde se paga $220 por grado de alcohol. Y además se paga el 25%, ad valorem, por el costo de cada botella", explicó.

A su turno, el director Ejecutivo de la Federación de departamentos, Amylkar Acosta, afirmó que la iniciativa no afecta los fiscos departamentales y según las proyecciones del gremio, el recaudo del impuesto al consumo crecerá en un 20%.

"Indudablemente se mantiene la protección al monopolio rentístico de los licores y particularmente en lo que hace relación a la producción queda en manos de los gobernadores el poder discrecional de ejercer dicho monopolio", indicó.

Por su parte, el senador Iván Duque, quién pidió el archivo de la iniciativa, afirmó que la misma "es inconstitucional porque rompe el monopolio previsto en la Constitución, generará incentivos al contrabando, disparará además el consumo de licores, le dará más cabida al licor adulterado en el país, no tiene mecanismos efectivos de lucha contra el contrabando y terminará por beneficiar a las multinacionales de los licores".

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Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, esta norma traerá recursos adicionales para los departamentos, superiores a los 295.000 millones de pesos.

Según lo aprobado, el monopolio rentístico se mantiene en cabeza de los departamentos y se reglamenta para generar reglas claras, como que los departamentos deciden si ejercen o no el monopolio.

Así mismo, los departamentos deciden si aumentan o no la participación para todos los productos por encima del impuesto al consumo (que es el piso mínimo).

Para el caso de la producción, la norma señala que los departamentos eligen si producen a través de su propia licorera o no.

Para la producción por parte de terceros, los departamentos pueden escoger si lo hacen a través de permisos o de contratos. Si escogen contratos pueden decidir cuantas licitaciones abrir (incluso ninguna).

Además, escogen el monto de los derechos de explotación para la producción, sea esta a través de permisos o de contratos.

También los departamentos pueden limitar la entrada de aguardientes a sus territorios.

La legislación indica que el recaudo de todos los departamentos aumenta (en total, el recaudo pasa de 1.4 billones a 1.8 billones en un escenario muy conservador).

El cobro de estos recursos se mantiene en cabeza de los departamentos.

Los departamentos reciben derechos de explotación (renta adicional).

Se reglamenta el monopolio del alcohol potable (renta adicional).

Las licoreras podrán acceder a mercados más amplios (todo Colombia)

La nueva estructura del impuesto (IVA del 5%) permite a las licoreras nacionales descontar el IVA pagado en los insumos y posibilita saldos tributarios anuales a favor de las licoreras.

Además, el componente ad-valorem ayuda a equiparar la carga fiscal de los productos nacionales (que son de menor precio) con la de los importados (productos de mayor precio).

Así mismo, el Programa de Transformación Productiva de MinComercio impulsará las denominaciones de origen.

El proyecto propicia asociaciones entre licoreras departamentales.

Licores como el aguardiente estarán protegidos, tanto en materia de producción como de introducción al mercado.

Según la norma, los departamentos pueden decidir si abrir o no licitaciones para la producción privada de aguardiente (o de cualquier licor).

La salvaguardia permite a los departamentos restringir la entrada de aguardientes a sus territorios.

Carga tributaria para importados

El proyecto contempla que los licores importados enfrenten una carga tributaria mayor a la que tenían.

Asumen rentas adicionales por derechos de explotación.

Asumen el IVA especial del 5%.

Enfrentan además normas estrictas de señalización y anti-contrabando.

Los productos importados de alto valor asumirán impuestos mucho más altos.

Contrabando

El proyecto combate adecuadamente el contrabando y la adulteración, puesto que se establecen artículos específicos para luchar contra el contrabando.

Entre ellas, la posibilidad de revocar permisos de introducción por contrabando, lavado de activos o por etiquetado incorrecto.

Las reglas más claras e iguales para todos limitan los incentivos al contrabando.

El IVA especial del 5% incentiva la formalización de la cadena de licores.

Se establecen medidas para la desnaturalización del etanol potable desde su entrada al país.

Y finalmente, se refuerzan las capacidades de control de los departamentos.