Lupa a siete empresas de transporte de carga por contratar vehículos mal matriculados

La Superintendencia de Transporte informó que por presuntamente contratar y expedir manifiestos de carga a vehículos mal matriculados, tiene en curso investigaciones en contra de siete empresas habilitadas para el transporte terrestre automotor en la modalidad de carga.  

Según explicó ese organismo de control, las empresas llevaron a cabo un total de 833 operaciones con vehículos que presentarían omisiones en su registro inicial ante el Runt y en el Registro Nacional de Despachos de Carga. 

Al respecto, el superintendente Wilmer Salazar, manifestó que “esta práctica es una infracción a la normatividad vigente, toda vez que se trate de automotores que no cuenten con un certificado de cumplimiento de requisitos o la aprobación por parte del Ministerio de Transporte”.  

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“Las empresas de transporte tienen la obligación de consultar en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) y en el Registro Nacional de Despachos de Carga (Rndc) si los vehículos que asumirán la operación de transporte, de conformidad con el manifiesto de carga, cumplen a cabalidad con la normatividad vigente lo que incluye las condiciones de su registro inicial”, agregó.  

Asimismo, dijo que “sobre esta situación se debe advertir que, aunque estos automotores tengan omisiones en el Runt cuentan con un plazo para normalizar su situación, pero mientras no lo hagan, no pueden ser utilizados en la operación de transporte de carga”.  

Las empresas investigadas son: Transportes G & H, INS Carga, Servientrega, Alianza Logistika, Invertrac, Grupo S & M Operaciones Integrales y Transcarga RG.  

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En caso de ser encontradas responsables las empresas podrían ser multadas hasta por 700 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

“Contra la decisión de apertura de investigación y formulación de pliegos de cargos, no procede recurso alguno. En el curso de la investigación se decidirá la responsabilidad de los investigados de acuerdo con los derechos fundamentales al debido proceso y el derecho de defensa”, concluyó el superintendente de Transporte.