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Puente sobre la quebrada Agua Blanca en la vía Otanche - Puerto Boyacá Foto: Secretaría de Infraestructura de Boyacá



La Contraloría General de la República descubrió un detrimento al patrimonio por $10.792 millones, tras el colapso del puente Quebrada Blanca, en el municipio de Otanche (Boyacá).

El organismo de control señaló la responsabilidad que puede tener en esta situación la entidad encargada del proyecto, el Fondo Adaptación.

Para la Contraloría, el colapso de la estructura del puente afectó significativamente la mayor parte de los elementos estructurales del mismo, y en gran medida se debió a errores de ingeniería, como fallas en los supuestos de diseño y en las revisiones de la etapa de pre-construcción, que se podían haber evitado si se hubieran detectado a tiempo, con una adecuada supervisión.

Indicó que los contratos de obra e interventoría de este puente, situado en un tramo de la llamada Transversal de Boyacá, demandaron inversiones de $9.504 millones y $1.287 millones, respectivamente.

(Lea también: Falla geológica afectó puente entre Otanche y Puerto Boyacá)


"Al atender una denuncia sobre el tema presentada por el senador León Rigorberto Barón, el organismo de control encontró además que el posible daño patrimonial por los estudios y diseños de esta obra, incluyendo la interventoría de los mismos, suma $502 millones 994 mil pesos, con lo cual el detrimento total llega a los $11.294 millones", reveló la Contraloría.

El puente vehicular de Quebrada Blanca fue entregado a la comunidad el 27 de febrero de 2017 para su uso pleno y presentó colapso estructural a los 3 meses (entre el 19 y 21 de mayo).

Antes de colapsar, se había advertido y monitoreado la condición de desplazamiento del puente (lo cual era una clara señal de amenaza sobre la estructura del mismo), "pero no se realizaron gestiones para tomar acciones que pudiesen prevenir o contrarrestar una amenaza agresiva sobre la estructura", señaló el organismo.

Diseño


La Contraloría evidenció que para el diseño final del puente no se tuvieron en cuenta los conceptos técnicos, los antecedentes geológicos, los riesgos por inestabilidad de la zona y los colapsos que tuvieron por este motivo obras anteriores.

De acuerdo a comunicación dirigida por la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura Física, al director del Fondo Adaptación, Iván Mustafá Durán, “los estudios y diseños Fase III no cumplieron con la finalidad esperada, al no brindar un diseño que se ajustara a las condiciones y necesidades del sitio, situación que redundó en el colapso de la estructura”.

Por dicho motivo, se configura un presunto detrimento patrimonial por $395 millones 807 mil pesos, correspondiente al valor de los estudios y diseños para este sector.

"De igual manera, las funciones de interventoría ejercidas sobre este contrato presentaron deficiencias por cuanto no advirtieron todas las situaciones descritas anteriormente, que incidieron en el colapso de la estructura, generando un posible detrimento al erario por un valor de $107 millones 186 mil pesos, correspondiente al costo de la interventoría de los diseños del puente Quebrada Blanca", indicó la Contraloría.

Este informe se revela en momentos en que se adelantan investigaciones por el colapso del puente Chirajara, en la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio.

Respuesta


Por su parte, el Fondo de Adaptación, al que la Contraloría responsabiliza de las irregularidades tras la caída del puente de Otanche, afirmó que "no es cierto que se hayan perdido los más de $10.000 millones invertidos en el puente porque se evitó el colapso total, se recuperó la superestructura que se reutilizará en otro punto como se tiene previsto con el Invías; y adicionalmente, hay pólizas que cubren una posible pérdida económica si se demuestran fallas técnicas por parte de los contratistas".

La entidad señaló que "hizo la debida gestión contratando en el 2014 firmas idóneas de reconocimiento nacional e internacional para realizar los diseños, construcción e interventoría de las obras".

"Desde la puesta en funcionamiento del puente (julio 2016) el Fondo y el Invías realizaron el seguimiento que normalmente se hace después de entregada una obra y sólo hasta el 2017 se evidenciaron movimientos cuyo origen no era fácil de determinar, lo cual llevó a incrementar el monitoreo permanente y a convocar a los diferentes actores para determinar la causa", indicó el organismo.