Más de 54.000 trabajadores, en riesgo de perder empleo con piso de protección social

Una investigación de la ONG Cuso International, apoyado por el Gobierno de Canadá, frente a la propuesta de la contratación por horas en Colombia, advirtió que las medidas que este tipo de trabajo, como el denominado contrato de cero horas y el piso de protección social, ponen en riesgo los avances en empleo decente y digno en el país.

Señala que lo anterior conllevaría a una precarización laboral que terminaría afectando a la población más vulnerable.

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El estudio destaca que si bien en Colombia la contratación por horas ya existe, la modalidad que falta por legalizar es la contratación por hora cero, que busca emplear a la persona según la necesidad del empresario.

Esto significa una, dos o diez horas a la semana, sin un contrato fijo, lo que reduciría el ingreso de muchos hogares y los aportes al sistema de salud y seguridad social.

Con base en los casos del Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Canadá y Honduras, países que han aplicado la modalidad del contrato cero horas, los autores de la investigación concluyen que la contratación por horas conllevaría una precarización laboral en el país.

“Estas experiencias internacionales han generado que muchos trabajadores/as no reciban beneficios como pagos a la seguridad social, primas o vacaciones. A su vez, ellos y ellas padecen de la incertidumbre sobre el momento en que trabajarán y el dinero que percibirán, lo que les dificulta la planeación financiera", indicaron.

“Algo inquietante es el incierto número de trabajadores que actualmente tienen un trabajo formal con ingresos iguales o superiores a un salario mínimo y con todas las prestaciones sociales, pero que podrían verse afectados con los contratos de cero horas", sostuvo Alejandro Matos, director de Cuso International en Colombia.

Dijo además que "esta modalidad contractual abriría la puerta para que los empleadores prefieran reducir los costos laborales y se viva un retroceso del trabajo decente en el país”. 

En cuanto al piso de protección social reglamentado por el Gobierno y que busca proteger a aquellas personas que mensualmente reciben ingresos inferiores a un salario mínimo, para que cuenten con ayudas sociales, Cuso International advierte que se corre el riesgo de que los empleadores opten más por aquellos trabajadores que puedan ser contratados mediante el piso de protección social que bajo la modalidad de tiempo completo y salario mínimo.

Adicionalmente, la investigación calcula que más de 54.000 trabajadores se enfrentarían al peligro de que sus vinculaciones laborales sean terminadas y sean reemplazados cuando sus contratos finalicen, porque los empresarios preferirían contrataciones bajo la nueva modalidad que les permite reducir costos.

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 El estudio concluyó que el impacto negativo de estas medidas, no solo se reflejaría en los trabajadores, sino también en el erario.

“En el caso puntual de la disposición del plan de desarrollo, el costo por el aseguramiento al sistema de salud y al sistema BEPS tendría una carga monetaria para el Estado”, indicó.

Para evitarlo, Cuso International recomienda que toda propuesta o proyecto de ley relacionada incluya una estimación de los costos fiscales, de la mano de una identificación de las fuentes de financiación o de las partidas del presupuesto público que serán afectadas para cubrir este rubro.

También, que tenga en cuenta un análisis de la incidencia tributaria de los movimientos presupuestales.