Cargando contenido

Foto referencial Ingimage


La Contraloría, junto con la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, le pidieron al Gobierno aumentar el monto de liquidación para víctimas de tortura, secuestro o minas antipersona, entre otras situaciones vividas durante el conflicto armado.

El llamado de estos organismos obedece a un decreto que tiene listo el Gobierno en el cual se modifica la reparación a las víctimas del conflicto armado.

Según estos entes, es necesario, "aumentar el monto mínimo de liquidación para casos que impliquen lesiones con incapacidad permanente, tortura o tratos inhumanos y degradantes, secuestro y accidente sufrido por una mina antipersonal, entre otros, por considerar que el establecido en el proyecto (4 SMMLV más el IPC anual) como medida reparadora resulta irrisorio, si se tiene en cuenta que es un valor que se puede extender durante décadas".

Indicaron que el proyecto de decreto no da una respuesta clara y precisa a la orden emitida por la Corte Constitucional en el sentido de fijar reglas claras y transparentes acerca de las condiciones de modo y tiempo para acceder a la indemnización administrativa.

Para estos organismos, "el tiempo estimado para dar una respuesta a los 2.557.531 casos que están pendientes, de más de seis millones de víctimas por indemnizar, supera ampliamente el tiempo de vigencia de la Ley, lo que no da certeza a las víctimas".

Sesión extraordinaria


La Contraloria, Procuraduría y Defensoría del Pueblo reiteraron la necesidad de que se convoque una sesión extraordinaria de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas para socializar el contenido del proyecto de decreto, "ya que incluye cambios sustanciales en el procedimiento, mecanismos, montos y criterios de priorización para el acceso a la indemnización, que no se han dado a conocer a las entidades que la integran", señalaron.

Para los órganos de control es importante que se revise la capacidad administrativa de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, porque será la responsable de tramitar y dar respuesta a las solicitudes de indemnización.

En carta enviada al Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría; el Director del Departamento para la Prosperidad Social, Nemesio Roys Garzón, y el Director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Fernando Mejía Alzate, las tres entidades presentaron sus comentarios al proyecto de decreto que modifica el procedimiento y los montos establecidos para que las víctimas accedan a esa figura.