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El plan de austeridad contemplado en la nueva reforma tributaria, que radicó este martes el Gobierno, busca ahorros recurrentes de $1,9 billones al año y llegar a un ahorro del 50% en gastos de viáticos, papelería, publicidad, vehículos y combustibles en un periodo de 10 años.

Así mismo, se contempla reducir de manera progresiva "los contratos de prestación de servicios técnicos o profesionales con personas naturales o jurídicas, salvo en los eventos en que no  exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que requieren ser contratadas, hasta alcanzar un ahorro del diez por ciento (10%) respecto de su asignación presupuestal correspondiente a la vigencia fiscal 2019. En cualquier caso, dicha disminución no podrá ser inferior al 1% anual".

 De la misma manera, se contempla la fusión o liquidación de entidades públicas, "sociedades de economía mixta, sociedades descentralizadas indirectas y asociaciones de entidades públicas, en las cuales exista participación de entidades públicas del orden nacional.

También se  busca desmontar el pago de planes de telefonía móvil y entrega de celulares a funcionarios públicos, según el artículo el desmonte sería gradual de aquí al 2023 .

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"Abstenerse de renovar o adquirir teléfonos celulares y planes de telefonía móvil, internet y datos para los servidores públicos de cualquier nivel, debiendo desmontar gradualmente los planes o servicios que tengan actualmente contratados, los cuales, en todo caso, deberán haberse desmontado definitivamente a partir del año 2023".

Según el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, "con este plan se limita el crecimiento de la burocracia y se mantiene la capacidad adquisitiva de los trabajadores públicos. Adicionalmente, se restringen los cambios en la planta de personal, se congelan las vacantes y se limitan los gastos en bienes y servicios".

 También habrá un control en costos de arrendamiento, promoviendo el teletrabajo y los eventos virtuales; se racionalizarán los esquemas de seguridad, y se hará un control a los contratos de prestación de servicios, salvo aquellos que sean esenciales para el funcionamiento de las entidades.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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