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Vía Bogotá - Girardot
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Colprensa

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos a Conconcreto, siete empresas y altos directivos de las compañías, por la cartelización empresarial y otras prácticas anticompetitivas que habrían ocurrido en el proceso de selección adelantado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para la construcción del tercer carril Bogotá - Girardot.

Según la Superindustria, el presupuesto para este proceso superaba los 2.9 billones de pesos.

Según el organismo, la cartelización era liderada por Constructora  Conconcreto e Industrial Conconcreto y la Estructura Plural integrada por Benton y China Gezhouba.

La entidad reveló que la colusión habría consistido en que ambas empresas coordinaron conjuntamente sus ofertas de tal manera que resultara ser complementarias.

En el pliego de  cargos la SIC indica que “las ofertas presentadas por estas estructuras plurales estaban coordinadas para que Conconcreto resultara ser la adjudicataria con la indispensable ayuda de una propuesta de Benton y China Gezhouba con pequeña posibilidad de éxito, cuyo fin era afectar ilegalmente la media de adjudicación de Conconcreto”.

Igualmente, la Superindustria le formuló pliego de cargos a Vinci Concessions Colombia S.A.S, “que si bien no participó formalmente como oferente dentro del proceso habría tenido una participación en la configuración  de la oferta colusoria presentadas por Conconcreto”.

El superintendente Pablo Felipe Robledo explicó que “ hay mucho material probatorio que demuestra que en las instalaciones de Conconcreto se habría dado la orden por parte de su presidente de destruir toda la información que existiera sobre la construcción del tercer carril”.

Igualmente aclaró que esta investigación no involucra el comportamiento de ningún funcionario público ni de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), ya que por medio de estas prácticas anticompetitivas el Estado se constituye con víctima.

De encontrarse culpables, las personas naturales podrían enfrentarse a una multa superior a los 500 millones de pesos y las empresas a los 78 mil millones de pesos.

Robledo reveló que  en los próximos días se convocará al Consejo Nacional de Competencia para evaluar las medidas cautelares que podrían ir desde la suspensión del contrato hasta su finalización.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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