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La Procuraduría General de la Nación le envió un concepto a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sobre la sanción impuesta a los azucareros en el país, advirtiendo sobre los procedimientos que se adelantaron y las multas.

Según el documento de la Procuraduría, la SIC no habría tenido en cuenta dentro de su sanción los efectos generados tanto a los empresarios como a los consumidores y tampoco explicaría cuáles son las afectaciones al mercado o a la industria las restricciones a la competencia que ejercieron los ingenios.

Asimismo el documento enviado a la SuperIndustria indica que "la Procuraduría General de la Nación concluye que la ponderación entre las normas y la sanción impuesta, no cuenta con criterios de proporcionalidad y razonabilidad".

"Las sumas determinadas por el ente sancionador corresponden a una dosimetría efectuada, sin atender de manera precisa las reglas y criterios fijados en la ley", señala el documento de la Procuraduría enviado a la SIC.

Para el Ministerio Público, es necesario que la SIC realice un análisis detallado de la proporcionalidad de la sanción frente a los patrimonios de los ingenios multados puesto que existen elementos que deben ser probados para imponer la multa por más de 320 mil millones de pesos. (Lea también: Santos defendió al Superintendente de Industria, cuestionado por recientes sanciones)

"En lugar de fijar sanción en relación con el ingresos operacionales, el Ministerio Público considera que (la SIC) debió haber efectuado un análisis que respondiera al grado de responsabilidad de cada sancionado, o al menos indicar por qué respecto de unos Ingenios las sumas son mayores y otras menores, o si los grados de participación y/o responsabilidad son iguales o diferentes entre unos y otros", añade el concepto.

La Procuraduría agrega que "el Ministerio Público no controvierte sobre la responsabilidad de los sancionados como resultado de la investigación efectuada por la Superintendencia de Industria y Comercio; lo que resalta y advierte este órgano de Control se circunscribe a la sanción impuesta a los Ingenios, pues no se evidencia la rigurosidad fáctica y jurídica que sustente y soporte la gradualidad y dosimetría de la sanción".