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Repartidor de Rappi
AFP

La Superintendencia de Sociedades informó que se abrieron dos investigaciones administrativas y la consecuente formulación de dos pliegos de cargos en contra de la compañía Rappi S.A.S., por no contar con protocolos contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

"Las anteriores actuaciones administrativas obedecen a la presunta responsabilidad administrativa de la sociedad por el aparente incumplimiento de las disposiciones relativas al régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de activos y financiación al terrorismo, así como  y Reporte de Operaciones Sospechosas (Sagrilaft) y la obligación de la cabal implementación de un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), respectivamente", indicó la Superintendencia.

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Al respecto, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, señaló que Rappi no ha atendido a los protocolos que la ley ha establecido. 

"No han respondido a los protocolos que permiten que la SuperSociedades prevenir riesgos en dos frentes: uno relacionado con el soborno trasnacional y otro relacionado con el lavado de activos", señaló. 

"Estas actividades eventualmente pueden tener un riesgo y deben tener no solo protocolos sino responsables, por lo que deben adelantar los trámites internos de lo que no tienen", agregó Escobar.

Reiteró que toda empresa en Colombia debe cumplir con la obligación de reportar y cumplir unos protocolos con algunas entidades, en este caso la Superintendencia de Sociedades, y Rappi no lo hace actualmente. 

Además, de acuerdo con el funcionario, Rappi debería tener un oficial de cumplimiento, "una persona que verifique y haga el seguimiento de que se cumplan con estos protocolos, hay que cumplir con ley y no lo han hecho". 

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La SuperSociedades explicó que si con posterioridad a adelantarse los correspondientes procedimientos administrativos sancionatorios, "se logra establecer la responsabilidad de la compañía por la trasgresión a las disposiciones relativas a Sagrilaft y PTEE", la entidad de control podrá imponer multas de hasta doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir cerca de 250 millones de pesos.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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