La Contraloría General de la República advirtió que $4.4 billones provenientes del recaudo de las multas que han impuesto los jueces por las infracciones al Estatuto Nacional de Estupefacientes podrían perderse debido a que el Ministerio de Justicia ya no tiene la facultad para recuperar estos recursos.


Según el organismo de control, "aunque con la Ley 1743 de 2014 el Ministerio de Justicia y del Derecho perdió la competencia que tenía para adelantar el cobro coactivo de las multas que imponen los jueces de la República por infracciones al Estatuto Nacional de Estupefacientes, frente al Consejo Superior de la Judicatura, dicha Cartera registró en sus estados contables de la vigencia 2015 $4.4 billones de ingresos no tributarios por este concepto".


Señaló que tras esta decisión determinó emitir una opinión negativa sobre los estados financieros del Ministerio en la vigencia señalada, "toda vez que al hacer el registro de recursos de propiedad de la Rama Judicial sobreestimó en un 96% el valor de sus activos".


Sostuvo que la sobreestimación por los $4,4 billones en los activos del Ministerio de Justicia y del Derecho corresponde al monto de las multas que por concepto de infracción a la Ley 30 de 1986 han impuesto los jueces de la República y que pasaron a ser fuentes de recursos del Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia.


"La Ley 1743 dispuso en su artículo 9 que el importe de dichas multas deberá ser consignado a favor de la Rama Judicial, y su artículo 11 ordenó que el cobro de las mismas le compete a la Dirección Ejecutiva y las Oficinas de Cobro Coactivo del Consejo Superior de la Judicatura, o quien haga sus veces", explicó la Contraloría.


Según recalcó la Contraloría, la legislación colombiana en este tema señala que “todos los procesos de cobro coactivo que estén siendo adelantados por el Ministerio de Justicia y del Derecho, y que versen sobre multas impuestas en procesos judiciales con ocasión de la comisión de delitos por infracción al Estatuto Nacional de Estupefacientes, serán transferidos al Consejo Superior de la Judicatura dentro de los 2 meses siguientes a la entrada en vigencia del presente Decreto”.


Estos $4.4 billones, apuntó el organismo, "incrementa en un 20% el monto de los activos de la Rama Judicial, correspondiente a cuentas por cobrar por concepto de multas en favor del Tesoro Nacional, que a 31 de diciembre de 2015 presentaba un saldo de $20,5 billones, en la cuenta Deudores no Tributarios".