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Estos gremios señalan que es fundamental que haya coherencia en los fallos de las cortes para no espantar la inversión extranjera.

El presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Santiago Ángel, advirtió que es urgente que el Gobierno y las altas cortes definan reglas de juego claras, para evitar que se sigan presentando demandas internacionales por parte de empresas mineras y petroleras.

"Esa falta de reglas de juego ha hecho que se usen estos organismos y ojalá se hagan unas reglas que juego que no otorguen una buena interacción entre inversionistas, empresarios y el país", afirmó.

Ángel señaló que este era un escenario previsible, por cuenta de las decisiones judiciales en torno a factores como la delimitación de páramos, las consultas populares, entre otros.

"Eso era algo que era previsible, que se veía venir, y que se avisó con el debido tiempo y por lo tanto pues esperemos que este tipo de casos no se repitan en el país y que tomemos en serio esta industria", sostuvo.

Recordó que por cuenta de las más de 130 consultas populares que han sido presentadas o que están en curso, el sector minero dejó de percibir algo más de US1.000 millones en el último año.

Petróleo

Por su parte, el presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), Julio César Vera, señaló que por cuenta de lo que consideró han sido fallos contradictorios de las altas cortes sobre las consultas populares, el sector, tanto de hidrocarburos como de la minería, está viviendo la consecuencias de un estado de cosas inconstitucional.

Vera hizo alusión a cifras reveladas por la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), en la que se señala que con cada pleito que llega a la instancia del arbitraje internacional, el Estado debe gastar un promedio de US4 millones, sólo en honorarios legales.

"Días después de la audiencia pública que se adelantó en la Corte Constitucional, nos llegan demandas arbitrales de las mineras canadienses Galway Inc y Red Eagle Exploration Limiteds", señaló Vera.

Este escenario, señaló el directivo, "genera riesgo de que se presenten costosas indemnizaciones internacionales", para el país.

A estas demandas se unen otras como la que impuso la multinacional Glencore por una cifra superior a los $60.000 millones, mientras que las más recientes demandas por este tema, suman más de US300 millones.

 Ambos directivos lamentaron que el Gobierno haya dejado para última hora, la presentación del proyectos que busca aclarar el alcance de las consultas populares, el cual será presentado ante el nuevo Congreso, el próximo 20 de julio.
 

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