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Senador Uribe y otros mencionados responden a investigación de la Contraloría sobre tierras

Frente a la comunicación emitida por la Contraloría General de la República, en la cual solicita tomar medidas judiciales para anular la venta de tierras de origen baldío en 33 casos, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, aclaró que los predios a los que se refiere el ente de control no son de su propiedad sino de sus familiares.

Foto referencial RCN Radio


Tras la solicitud de la Contraloría a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) de adelantar acciones judiciales para anular las ventas de predios baldíos en aquellos casos en que se verifique acumulación indebida de Unidades Agrícolas Familiares, las reacciones por parte de algunos involucrados no se han hecho esperar.


A través de su cuenta de Twitter Álvaro Uribe respondió que sus actuaciones han estado a pegadas a la ley y que no se opone a que se investigue su hacienda en Córdoba, conocida como El Ubérrimo.


“Es muy fácil investigar El Ubérrimo porque no tengo testaferros y las escrituras han sido de acuerdo con la ley”, señaló Uribe.


Posteriormente, ante la plenaria del Senado Uribe Vélez indicó que está dispuesto a acudir a las instancias judiciales y administrativas para afrontar las acusaciones por acumulación ilegal de terrenos baldíos, aparentemente de manera ilegal.


"Pero si se consolida este abuso y tengo que perder este pedazo de tierra o pagar por una cantidad equivalente, lo haré, pero de ninguna manera dejaré de ser empresario honorable del campo", indicó el senador Uribe.


El senador del Centro Democrático indicó que por ningún motivo alguno dejará de oponerse al "proyecto Castro-Chavista que avanza en Colombia como lo muestran esas temerarias acusaciones”.




Álvaro Uribe explicó que un predio fue comprado a una sucesión. Cuatro predios fueron comprados a quienes habían sido adjudicatarios de baldíos. Tres predios fueron comprados a dueños que habían adquirido de adjudicatarios de baldíos o de adquirentes posteriores y un predio de 1 hectárea más 2.792 metros cuadrados fue adquirido por única escritura.

Por su parte el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, aclaró que los predios a los que se refiere el ente de control no son de su propiedad sino de sus familiares.


Según el jefe de la cartera agropecuaria, él no es propietario de tierras en Vichada, "no tengo ni un solo centímetro de tierra en Vichada ni en ningún otro lugar de la altillanura colombiana".


Iragorri aseguró que nunca ha hecho gestiones ante las entidades del Estado para favorecer la adquisición de tierras de sus familiares.


De la misma manera tildó de inadecuada la relación que hizo la Contraloría con su nombre.


"Me parece inadecuado que en la información emitida por la Contraloría General de la República, la cual en general se refiere y debe referirse a personas naturales o jurídicas concretas, se haga referencia a "familiares", generando un vínculo hacia la opinión pública con mi persona, aunque el órgano de control no me hace ninguna imputación personal", sostuvo.


"Mi actuación desde que llegué a ejercer el cargo de ministro de Agricultura ha sido totalmente transparente, en ese sentido me declaré impedido para intervenir en la iniciativa legislativa del proyecto de Ley de acceso a tierras, impedimento que fue aceptado mediante decreto 1763 del 16 de septiembre de 2014", puntualizó.


Posteriormente el exministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, calificó de un ‘refrito’la investigación que involucra a predios de la familia del exalto funcionario, en el Vichada.


"Eso es un refrito, que salga ahora después de haberse surtido los procesos que se surtieron y yo no sé si es en retaliación porque he escrito en contra del acuerdo de paz y en contra del proyecto de ley de tierras que el Gobierno está presentando en el Congreso", afirmó.


El exministro se refiere a que durante la administración de la contralora Sandra Morelli, el organismo adelantó una investigación por supuesta acumulación de baldíos en Vichada, cuando Lizarralde ofició como ministro de Agricultura, tiempo en el que el Polo Democrático Alternativo hizo un debate sobre el tema de la ley de Zidres.


Lizarralde dijo que no tiene propiedades en Vichada, por lo que insistió en que "no me podrán demostrar nada porque no tengo que ver en este tema".


Y es que en el caso del exministro, la Contraloría señala que su familia tendría propiedades en los municipios de La Primavera y Puerto Carreño, en Vichada, e investiga si estos predios, conocidos como las Unidades Afrícolas Familiares UAF, fueron acumulados de forma indebida.


La minera Cerro Matoso se refirió a la investigación que adelanta la Contraloría sobre apropiación irregular de baldíos en varias regiones del país y en la cual se menciona el nombre de la empresa.


Según indicó la compañía, "los predios utilizados para la operación minero industrial que la empresa adelanta hace 35 años en el departamento de Córdoba, en su mayoría fueron adquiridos antes del año 1994 directamente por el Estado Colombiano, a través del Instituto de Fomento Industrial (IFI)".


Cerro Matoso expresó que dichas transacciones "se realizaron de buena fe, de legítimos propietarios, actos que fueron debidamente registrados ante las autoridades competentes, sin ningún tipo de restricción para su transferencia".


Indicó por tanto que no ha incurrido en la acumulación indebida de predios.


Por último se mostró dispuesta a aportar la documentación a la Contraloría y a las demás autoridades de justicia y control, como parte de este proceso.


En su investigación, el organismo de control solicitó a la Agencia Nacional de Tierras que adelante las acciones judiciales para anular las ventas de predios baldíos en los casos en que se verifique acumulación indebida de Unidades Agrícolas Familiares.